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SUSCRIBITEEl hecho sucedió durante la siesta de este martes, luego de que un llamado al 911 alertara a las autoridades sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo.
Este martes por la tarde, minutos después de las 16:15 horas, una nueva amenaza de bomba sacudió al Centro Cívico, obligando a evacuar a todas las personas que se encontraban en el interior del edificio público. Se trata del sexto llamado de este tipo en lo que va del año, lo que vuelve a encender las alarmas sobre un preocupante patrón de falsas advertencias que interrumpen el normal funcionamiento de las instituciones públicas de gran concurrencia.
El aviso fue recibido a través de un llamado al 911 y daba cuenta de la supuesta colocación de un artefacto explosivo en el interior del imponente edificio gubernamental. De inmediato se activó el protocolo correspondiente: efectivos de Bomberos acudieron al lugar para realizar una inspección y descartar cualquier tipo de peligro, mientras se concretaba el desalojo total del personal.
Afortunadamente, no se encontró ningún artefacto sospechoso, aunque la incertidumbre y el temor se repitieron entre trabajadores y ciudadanos que debieron abandonar el edificio, una vez más, por lo que se mostraron indignados por la situación que se repite.
Este nuevo episodio ocurre tan solo un día después de que se viviera una situación similar en una escuela de Calingasta, donde finalmente se confirmó que la amenaza también era falsa, y luego de que la extraña modalidad tuviera al Servicio Penitenciario como blanco, como aconteció el viernes último.
Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la UFI Genérica ya se encuentra trabajando para rastrear el origen del llamado y dar con los posibles responsables.
Con seis amenazas en menos de nueve meses, la reiteración de este tipo de hechos genera preocupación no solo por el impacto en la seguridad y el funcionamiento institucional, sino también por los recursos públicos que deben destinarse cada vez que se activa el protocolo de emergencia. A pesar de las condenas a los autores de los llamados, pareciera ser que ni el pago de $4.000.000 como multa resulta una solución.
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