Los policías que están sospechados de haberle propinado una brutal paliza a un preso, que resultó severamente herido y con secuelas que serían irreversibles, quedaron más complicados tras la nueva acusación que le formuló la fiscalía. Es que Cristian Aciar y Gabriel Mariño, quienes ya habían sido imputados por vejaciones y apremios ilegales en concursos ideal con lesiones graves agravadas, por ser cometidas por funcionarios públicos, fueron imputados además por falsificación de instrumento público y de privación ilegítima de la libertad, agravado por su condición de policías y en concurso real.
Acorde señaló el fiscal Iván Grassi, que amplió el objeto de la investigación contra el oficial ayudante y el agente, los nuevos elementos de prueba que colectaron pusieron contra las cuerdas a los efectivos policiales que recuperaron la libertad, luego de permanecer detenidos con prisión preventiva. La sospecha que tiene el Ministerio Público es que, además de los ilícitos que trascendieron en la primera audiencia, habrían ejecutado una detención sin motivos y, como si fuera poco, habrían modificado datos para encubrir tal acción.
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Frente al juez de Garantías, Mariano Carreras, la fiscal ayudante Victoria Martín señaló que testigos aseguraron que tanto la presunta víctima, Cristian Morales, como la persona que lo acompañaba, fueron aprehendidos sin ningún motivo la madrugada del lunes 1 de julio en Rawson. Sin embargo, en las actas que Aciar y Mariño habrían suscriptos figuraba que habían protagonizado un altercado en la vía pública.
Frente al presunto accionar de abuso de autoridad, la fiscalía indagó aún más y se habría topado con datos que no coinciden en los registros policiales y que presentan dudas sobre la forma en que habría ocurrido el arresto del albañil y su acompañante. Un vecino del lugar donde fueron levantados por un patrullero manifestó que ninguno de los sujetos hacía nada irregular, pero que de igual modo fueron obligados a subir al móvil policial con destino a la Comisaría 6ta.
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Más negra se puso la historia cuando los investigadores descubrieron, supuestamente, que los libros de novedades aparecía que los detenidos habían encarnado una gresca callejera, lo mismo que había horarios asentados que no coincidían con las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la seccional. Por ello, la fiscalía sospecha que resulta un intento de ocultar las presuntas irregularidades que cometieron.
Incluso, los fiscales sostuvieron que sospechan hasta la procedencia de las firmas de los detenidos cuando fueron liberados. Es por ese motivo, que tales rúbricas serán peritadas por especialistas para confirmar o descartar la presunción.
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Los imputados se sentaron en el banquillo de los acusados y escucharon la ampliación de la imputación en su contra, con la asistencia de las defensas de Marcelo Fernández y Ludmila Derka y de Gustavo Sánchez y Rosa Sánchez. Por su parte y vía Zoom dijo presente el abogado querellante, Joaquín Moine.
Además de Aciar y Mariño, se encuentra imputado en la causa el agente Alejandro González , quien sólo está acusado por los dos primeros delitos, es decir, por la paliza que le habrían propinado a Morales. Sin embargo, las autoridades no descartan imputar a otros uniformados en la investigación que develaría un accionar de abuso policial, como pocas veces queda al descubierto.
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Morales, la víctima, ingresó caminando a comisaría 6ta y en buen estado, aunque exaltado. Horas después, su familia lo encontró casi inconsciente, con convulsiones y graves lesiones en la cabeza.
De acuerdo a los relatos, tras negarse a quitarse la ropa ante una orden policial, Morales habría recibido golpes de puño y fue arrojado violentamente contra una pared por al menos dos efectivos. Su amigo, liberado esa misma mañana, fue quien alertó a los parientes sobre la presunta golpiza. Cuando advirtieron la gravedad, la Policía trasladó al albañil en patrullero al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó en estado crítico: presentaba fractura de cráneo, hemorragia interna y debió ser operado de urgencia.
Como consecuencia del agravamiento de la calificación, el juez resolvió extender la IPP por cuatro meses más, a pedido del fiscal, para los -por ahora- tres policías que permanecen en libertad desde el 8 de agosto, cuando el Tribunal de Impugnación ordenó morigerar las medidas coercitivas en su contra.
