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SUSCRIBITESi bien los acusados fueron condenados y la novedad pasa por la apelación de las defensas, existen detalles de la megacausa que no dejan de sorprender, como los insólitos precios que el Estado pagó por la construcción de veredas y ensanches de calles, al igual que por algunos pocos terrenos para la creación del dique Cuesta del Viento. A continuación, uno a uno, los sitios que fueron el objeto de las estafas de Graffigna y compañía.
A un mes del histórico fallo en la megacausa de expropiaciones, por la que la banda liderada por Santiago Graffigna y Horacio Alday resultó condenada a prisión efectiva por estafar al Estado, Tiempo de San Juan accedió a datos claves de la investigación judicial que fueron probados durante el juicio y, tras identificar aquellos terrenos que fueron el objeto del delito, logró confeccionar los mapas de las expropiaciones en San Juan.
Si bien el escandaloso caso todavía no tiene un final, pues se espera que las defensas de los penados apelen la sentencia, lo que constituiría en la novedad junto a la trascendencia de los fundamentos del dictamen, existen detalles que hasta hoy -y habiendo trascurrido 15 años desde que se destapó la olla- siguen representando una sorpresa. Es que resulta complejo entender cómo se pagaron, por ejemplo, millones de dólares por una vereda o escasos metros por un ensanche de calle.
Acorde a la información obtenida y la referencia de cada terreno involucrado, se pueden elaborar al menos dos mapas: uno de la Ciudad de San Juan y sus alrededores y otro de Cuesta del Viento, en su geografía anterior a la creación del dique. Etiquetados con nombres que resonaron allá por el 2012, cuando salían a la luz los procesos expropiatorios irregulares, cada punto marcado supone el perjuicio económico que sufrió la Provincia o que pudo sufrir, en el caso de aquellos expedientes en los que los pagos no se concretaron, luego de las maniobras de Graffigna y compañía, tal como lo señala la sentencia del tribunal.
En el plano de la Ciudad de San Juan y sus zonas aledañas, se pueden ver cuáles fueron las parcelas que se convirtieron en las presas de la banda condenada, compuesta por profesionales, funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo. En el juicio se demostró que, cual depredadores, los miembros de la asociación ilícita cazaban expedientes para hacer de las suyas.
Sin embargo, en Capital no consiguieron cobrar los millones que pretendían, ya que se instrumentaron medidas cautelares que así lo evitaron. De no ser por ello y según la querella, las arcas públicas habrían resultado tan dañadas al verse obligadas a pagar las exorbitantes sumas por las indemnizaciones, al punto que aseveraron que la Provincia habría quebrado, si hubiese tenido que hacer frente a tales desembolsos.
Esos son los casos de las causas denominadas "Canal Playas", que fue la expropiación del Canal Benavídez; "Parque de Mayo", que fue la ampliación del pulmón verde; "Herrería Gustavo", que se trató de la expropiación de una vereda en la zona de Paula Albarracín de Sarmiento e Ignacio de la Roza; y "Prividera", que fue un ensanche de calle Brasil, en Trinidad.
Las sentencias que Graffigna y sus secuaces habían conseguido por la expropiación de los sitios delimitados implicaban pagos millonarios, que, valuados en dólares, conforman impactantes sumas, como los más de 216 millones de dólares que se habría tenido que pagar el Estado por cinco hectáreas del Parque, comprendidas por Urquiza, San Luis y 25 de Mayo. Si el monto se tradujera a pesos y con un dólar a $1.362, hoy se hablaría de billones, específicamente, de $294.192.000.000.
No obstante, hubo fallos de expropiaciones que, con un Estado sin conocer qué había detrás, pagó "a ojos cerrados" a los propietarios que representaba Graffigna en los juicios o, incluso, al propio Graffigna. Ese fue el caso de la causa de San Vicente de Paul, conocido como "Ruíz Guillermo", por el que la Provincia abonó más de 6 millones de dólares por una parcela de 1.439 m2, situada en Matías Zavalla y San José. A valores actuales y en pesos, serían $8.172.000.000.
Antes de que Cuesta del Viento se convirtiera en el espejo de agua que es y previo a la mega obra que se dispuso para su construcción, el Estado debió declarar el interés público de los terrenos que se verían afectados por la expropiación y, para tomar posesión del lugar, indemnizó a los propietarios, aunque no todos quedaron conformes con el monto que recibirían e iniciaron juicios por un monto mayor.
Allí entró en juego Graffigna que, mediante sus modos, obtuvo cifras gigantescas como ganancia por el pago percibido por el Estado. Por la cantidad de terrenos expropiados, para la asociación ilícita, el proceso expropiatorio irregular significó una verdadera mina de oro.
En al menos seis expedientes, la justicia comprobó que se valió de sus métodos para que ello sea posible. En el mapa, aparecen causas como la de "Anes", que representa una de las más dañinas para el Estado, que pagó más de 3 millones de dólares por un terreno. Hoy, ese dinero en pesos argentinos alcanza los $4.086.000.000.
De todos modos, la cuestión podría haber sido peor para la Provincia que eludió el pago de otros expedientes que fueron frenados por las cautelares y que, se entiende que, a partir de la condena quedarían anulados. Esos son los ejemplos de cusas signadas bajo el nombre de "Sinforoso Illanes", "Carbajal" y "Pedro Nicolás Manrique".
La megacausa inició en 2010, cuando la Secretaría General de la Gobernación, durante el mandato de José Luis Gioja, radicó la denuncia en la justicia penal tras las sospechas que despertó una investigación interna. La instrucción judicial, de gran envergadura, destapó un entramado de corrupción estructural dentro del Estado provincial, centrado en maniobras fraudulentas para estafar al fisco a través del sistema de expropiaciones. El caso provocó impacto en la opinión pública sanjuanina porque la asociación ilícita que había quedado en evidencia estaba integrada por funcionarios públicos, abogados y empresarios, encabezados por Santiago Graffigna.
El mecanismo consistía, básicamente, en inflar artificialmente el valor de terrenos que el Estado debía expropiar para obras públicas, muchas veces a través de tasaciones irregulares, documentación fraguada, presuntos testaferros y demandas judiciales previamente planificadas. Estas causas terminaban con fallos a favor de los reclamantes por montos multimillonarios, que luego eran cobrados al Estado. Se determinó que hubo connivencia de jueces, peritos y funcionarios para validar las maniobras, por lo que todos los acusados, salvo tres excepciones, fueron condenados.
Dentro de todo el entramado, Graffigna apareció como una figura clave, ya que presentaba reclamos de expropiación a nombre de supuestos propietarios, algunos sin antecedentes registrales claros, y lograba obtener indemnizaciones millonarias. Su estudio jurídico habría operado como una usina de expedientes irregulares. Incluso se le atribuyó el uso de nombres prestados o empresas pantalla para ocultar su participación directa en los terrenos expropiados.
Es por eso que fue castigado por 8 hechos por estafa y otros 6 en grado de tentativa a cumplir la pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva. No obstante, como el fallo no está firme, se mantiene en libertad; al igual que los otros imputados hallados culpables en el proceso. Además, fue obligado por el tribunal -junto a los sentenciados- a regresarle a la Provincia $13.110.880.247, luego del perjuicio ocasionado.
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