Tras el fallo histórico por expropiaciones, un tribunal especial y ¿nuevos acusados al banquillo?

Es que si bien el tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, emitió sentencias condenatorias y de prisión efectiva para el grupo encabezado por Santiago Graffigna y Horacio Alday, lo que marcó un hito en la causa que llevaba más de 15 años sin resolver, el dictamen dio paso a otras acciones como la presentación de apelaciones y, por ello, será la Corte de Justicia la que intervenga. Sin embargo, ninguno de los cortistas podrá participar.

Acorde comentaron fuentes judiciales y por diversos, todos los miembros de la Corte ya se inhibieron en la megacausa y, por esa razón, se deberá conformar un tribunal especial de conjueces, que analicen los planteos de las defensas, a priori. Es que no se sabe si el Ministerio Público interpondrá un recurso frente a los montos de penas reducidos que se fallaron, ya que por ejemplo para Graffigna había pedido 15 años de prisión efectiva y, finalmente, se le otorgaron 7 años y 8 meses.

Cabe recordar que Guillermo De Sanctis, cuando era Fiscal de Estado, fue una pieza clave en el impulso de la investigación al ser parte querellante. Durante los primeros años de la instrucción, emitió su opinión al respecto en múltiples ocasiones, acusando de manera directa a los entonces sospechosos, por lo que su interés resulta directo en el resultado del proceso.

Por su parte, Marcelo Lima se inhibió en su momento porque su hermano, Walter Lima (fallecido), en su calidad de funcionario de la Secretaría General de la Gobernación en la gestión de José Luis Gioja, allá por el 2010, fue quien hizo la denuncia penal en representación del Gobierno de San Juan.

Siguiendo la línea de De Sanctis, Adriana García Nieto también participó en la causa, emitió opinión y mostró interés en el resultado del proceso cuando realizó dictámenes en el sumario al Tribunal de Tasaciones de la Provincia, en el momento en que era funcionaria de la Asesoría Letrada del Gobierno de San Juan. Por esa misma razón y previo a ello había sido el propio Graffigna el que había presentado una recusación en su contra.

Por otro lado, Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur se inhibieron al reconocer su amistad con las partes implicadas en la megacausa.

Frente a esta situación, la ley prevé que se forme un tribunal de conjueces con los miembros del Tribunal de Impugnación y, de activarse nuevas inhibiciones, se debería conformar el tribunal especial y único con abogados inscriptos en un listado para ese fin. Estos jueces subrogarán la función de los cortistas y tal suceso marcará un precedente en la justicia sanjuanina.

No obstante, la creación de un cuerpo de autoridades no sería la única novedad, una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia y las posteriores apelaciones, sino también una continuidad de la investigación que involucraría a nuevos personajes. A pesar de que estuvieron bajo la lupa, la instrucción en su contra no prosperó y, por tanto, el tribunal del juicio instó a que estas situaciones fueran indagadas.

En el fallo, que fue resuelto de manera unánime por sus miembros, el tribunal pidió que se investiguen otras conductas de otros implicados en la Unidad Conclusiva de Causas, a donde fue remitida la causa. De tal manera, sería en ese fuero en el que la megacausa tendría una segunda parte con nuevas imputaciones.

Fuentes allegadas comentaron que quedaron inconclusas, por ejemplo, las participaciones de los abogados Gustavo Mulet y Carlos Infante. Asimismo, se sumarían las conductas del abogado Raúl Alonso y del contador Marcelo Parra, quienes realizaron trámites importantes para Alday. Tras la producción de testimonios durante el juicio, al tribunal colegiado le habrían quedado dudas sobre las acciones de los profesionales mencionados y, ante la presunción de delito, ordenó que se siguiera investigando.

Como la megacausa pertenece al sistema viejo, la misma será gestionada en la unidad para determinar los pasos necesarios para su cierre, es decir, si hay trámites pendientes o si se necesita la emisión de resoluciones.

Además de remitir la causa, el tribunal sugirió a la Fiscalía de Estado que investigue procesos similares a los que se llevaron adelante y fueron investigados en la megacausa de expropiaciones, lo que podría destapar modus operandi que guarden relación y comparación con lo ya sentenciado. Cuando la lectura del dictamen se hacía, fue el propio Sebastián Dávila -justo en ese momento- que asintió con su cabeza, tras escuchar la recomendación.