Tras casi tres años de debate, el juicio por la megacausa de expropiaciones llegó a su fin al conocerse el veredicto. La expectativa por saber cuál sería la sentencia era grande, no sólo por el interés de las partes involucradas, sino también de toda una opinión pública que siguió de cerca el caso, que tuvo sus inicios allá por el 2010. Finalmente y pasadas las 13 horas de este viernes, el tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, resolvió condenar a prisión efectiva a 9 de los 12 imputados, encabezados por Santiago Graffigna y Horacio Alday.
Si bien hubo penas de cárcel para los implicados, excepto para los tres que fueron absueltos, los condenados no irán presos aunque deberán presentarse del 1 al 10 de cada mes en la comisaría más cercana de su domicilio, como así también no podrán salir del país y deberán entregar todos sus documentos de viaje hasta que el dictamen quede firme. Además de las penas, el fallo obliga a que los hallados culpables le regresen a la Provincia $13.110.880.247, cuya cifra habría sido el perjuicio económico a causa de sus maniobras.
En detalle, la condena para cada uno de los implicados:
- Santiago Graffigna: 7 años y 8 meses de prisión efectiva por fraude y estafa en 8 hechos, en concurso real; y tentativa de frade y estafa en 6 hechos; y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador.
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- Carlos Macchi: 6 años y 2 meses de prisión efectiva por el delito de fraude y estafas en 2 hechos, en calidad de partícipe principal; tentativa de fraude y estafa en 3 hechos, en carácter de partícipe principal; y miembro de una asociación ilícita. Perpetua para ejercer cargos públicos.
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- Mario Díaz: 6 años efectiva por ser partícipe principal por el delito de fraude y estafa en 6 hechos; tentativa de estafa y fraude en 4 hechos; incumplimiento en los deberes de funcionario público; asociación ilícita en carácter de miembro; e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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- Ana María Melvin: 4 años de prisión efectiva por fraude y estafas en 7 hechos, en carácter de partícipe principal; tentativa de fraude y estafa en 4 hechos; incumplimiento en los deberes de funcionario público; asociación ilícita en carácter de miembro; e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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- Julio César Fernández: absuelto
- José Moreno: 3 años prisión efectiva por ser partícipe principal por fraude y estafa en 2 hechos; tentativa de fraude y estafa en 2 hechos; incumplimiento a los deberes de funcionario público; inhabilitación perpetua de ejercer cargo público; y asociación ilícita en carácter de miembro.
- Adolfo Cravero: absuelto
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Las familias de los sentenciados, en especial la de Graffigna, permanecieron en el sector del entrepiso de la sala
- Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva por ser partícipe principal por el delito de fraude y estafa por 5 hechos; tentativa de fraude y estafa en 2 hechos; asociación ilícita en carácter de miembro.
- Juan Pablo Quiroga: 3 años de prisión efectiva por fraude y estafa por 3 hechos, en carácter de partícipe principal. Asociación ilícita en carácter de miembro.
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El tribunal colegiado, presidido por Silvina Rosso de Balanza y compuesto por los vocales Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón
- Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses de prisión efectiva, en calidad de partícipe principal de estafa por 3 hechos. Asociación ilícita en carácter de miembro.
- Horacio Alday: 6 años de pena efectiva por ser coautor por el delito de fraude y estafa en 7 hechos; tentativa de fraude y estafa en 2 hechos; y asociación ilícita en carácter de miembro.
- Eduardo Olivera: absuelto
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Los fundamentos se darán a conocer el próximo 4 de agosto.
Esta extensa causa tuvo miles de idas y vueltas. Comenzó en 2010, cuando el Gobierno de San Juan, en aquel entonces encabezado por José Luis Gioja, realizó la denuncia en la justicia penal por un fraude millonario contra la Administración Pública, en manos de un grupo de abogados y funcionarios judiciales. Dicha presentación se radicó el 28 de octubre de 2010 ante la Fiscalía de Instrucción Nº1 por la Secretaría General de la Gobernación, luego de haber realizado un sumario administrativo para entender por qué la provincia había gastado cifras millonarias por expropiaciones.
El hecho generó sorpresa por la cantidad de personas que había involucradas, del mismo modo en que algunas de ellas habrían aprovechado sus conocimientos y posiciones dentro de la estructura judicial para beneficiar a la supuesta asociación ilícita en perjuicio de las arcas públicas. Es que se comprobó -ahora en el juicio- un sobreprecio en el pago de terrenos expropiados por la provincia, mediante un procedimiento ejecutado por Graffigna y Alday, al igual que propiciado por jueces y funcionarios públicos.
Como consecuencia del escándalo, por ejemplo, el juez titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, fue sometido a un jury y resultó destituido de sus funciones frente a las sospechas que pesaban sobre sus hombros por la causa de expropiaciones. A pesar de que su estado de inocencia aún se hallaba vigente, el Jurado de Enjuiciamiento halló elementos suficientes para apartarlo de sus funciones como juez y quitarle los fueros. En la misma sintonía y previo a ello, el abogado de la Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, había sido cesanteado; lo que también causó impacto.
El video de la resolución:
Embed - LECTURA VEREDICTO - CONTRA SANTIAGO GRAFFIGNA Y OTROS | SALA 1 | CÁMARA PENAL
Sentados frente al tribunal, los sentenciados por defraudar a la Administración Pública escucharon atentamente el fallo que fue leído por los secretarios del debate, del mismo modo en que lo hicieron las otras partes, es decir, la fiscalía y la querella. Los fiscales Daniel Galvani y Liliana Marinero dijeron presente, junto a los secretarios de Cámara, Juan Manuel García Castrillón y Mauro Esteban Carrizo. Por su parte, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, y el abogado que encarno la querella, Rubén Pontoriero, también formaron parte de un cierre que marcó un antecedente en la historia de la justicia sanjuanina.
Es que la causa de expropiaciones no sólo se convirtió en el expediente judicial más largo de la historia, con 15 años desde la denuncia hasta el dictamen, sino que el propio debate entrará en el récord de uno de los juicios más extensos, con 2 años y 9 meses de duración, compartiendo el podio con causas como las de lesa humanidad y la desaparición forzada de Raúl Tellechea (aún vigente). El mismo había iniciado el 19 de octubre de 2022 y tuvo su conclusión este viernes 4 de julio.
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Tras ser comunicado el fallo a las partes, Graffigna giró hacia donde estaba su familia y, a través de gestos (corazones, besos y guiños), se comunicó con ella. Acorde su primera reacción, que no fue de sorpresa, se mostró tranquilo, como si ya hubiera conocido lo que ocurriría. Minutos más tarde y junto a su abogado defensor Marcelo Fernández, hablaría con la prensa que, en esta oportunidad, se presentó en una importante cantidad. Y es que el hecho lo ameritaba. Como se esperaba, anticiparon que apelarán el fallo.
El resto de los sentenciado se marchó junto a los suyos, sin prestar declaraciones. Por su parte, tanto la querella como la fiscalía se mostraron conformes con la resolución, aunque hicieron hincapié en que los montos resultaron significativamente menores. El Ministerio Público había pedido 15 años para Graffigna, mientras que la querella, 25 años de cárcel. No obstante, ambas partes señalaron que esperarán los fundamentos para analizar si se recurre o no.
Tanto para Fernando Videla como Pedro Bazzani, otros dos imputados en la causa, el tribunal ordenó una junta médica para definir si están en condiciones de enfrentar un juicio oral, por lo que su situación, de momento, quedó inconclusa y dependiente de lo que indiquen especialistas en psiquiatría.
