El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo revés para la Argentina, luego de que este lunes la jueza estadounidense Loretta Preska ordenara la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes, como parte del fallo que busca saldar la millonaria deuda derivada del proceso iniciado en 2012. La decisión, que impactó fuertemente en el mercado local, forma parte de uno de los juicios más costosos para el Estado nacional, con reclamos que superan los 17.000 millones de dólares entre intereses y costos legales.
Esta grave situación judicial que hoy enfrenta la Argentina tuvo su semilla en el 2012. El 16 de abril de ese año, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la empresa española Repsol y, ese mismo día, envió a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que declaraba de “interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos”, lo que dio inicio al proceso de expropiación.
Apenas 17 días después, el 3 de mayo, los diputados aprobaron la ley con por208 votos afirmativos contra 32 negativos. Entre esos votos positivos se encontraban los de los seis diputados por San Juan: José "Pepe" Villa, Graciela Caselles, Daniel Tomas, Rubén Uñac y Margarita Ferrá de Bartol, todos de Frente para la Victoria; al que se sumó el de Mauricio Ibarra, quien formaba parte de la oposición bajo el ala de Peronismo Federal, aunque se había abierto en un monobloque al que llamó Unión por San Juan. Cabe recordar que dos de los diputados anteriormente nombrados se encuentran fallecidos (Ferrá de Bartol murió en el 2013 y Tomas en el 2016).
En el caso del Senado, la iniciativa obtuvo 63 votos afirmativos y 3 negativos. Los que rechazaron la iniciativa fueron Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. Los senadores oficialistas sanjuaninos Marina Riofrío y Ruperto Godoy, ambos del Frente para la Victoria, votaron a favor; mientras que el opositor Roberto Basualdo no estuvo presente.
Tiempo de San Juan habló con dos de los legisladores que dieron el voto positivo para que esta iniciativa. Ibarra manifestó que desde sus inicios que entiende que los recursos estratégicos deben estar en manos del Estado, por lo que fue "un lujo y un honor" haber votado a favor para que esta empresa volviera a la administración nacional. Por su parte, Villa contó que le quedó un sabor agridulce, ya que no estaba en la discusión en la comisión y "no había mucha opción" que votar a favor.
