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SUSCRIBITEEn menos de un año, los nombres de tres empleados estatales quedaron implicados en causas judiciales que van desde narcotráfico y falsificación de documentos hasta intimidación pública.
Natalia Castillo, Ángel Carlos "Richar" Garay y Rosario Cortés Zmutt.
En los últimos doce meses se conocieron varios casos de empleados públicos involucrados en causas judiciales de alto impacto en San Juan. Los expedientes son diversos, pero todos apuntan a la presunta participación de trabajadores estatales en maniobras que van desde falsificación de documentos y amenazas públicas hasta narcotráfico.
El caso más reciente salió a la luz el pasado lunes 30 de junio y tiene como protagonista a Natalia Castillo, empleada del Registro Civil de Pocito. La mujer fue detenida e imputada por su presunta participación en una banda delictiva dedicada a la falsificación de documentos oficiales, maniobra que facilitaba la usurpación de identidades para cometer estafas financieras.
Castillo habría tenido un rol clave dentro de la estructura que lideraría Rolando Javier Navarro Zaide, alias "El Narigón", un conocido del ambiente delictivo sanjuanino, actualmente bajo prisión domiciliaria y con al menos 13 causas similares en su historial. Según la investigación, desde su puesto en el Registro Civil, Castillo entregaba DNI y certificados adulterados que luego eran utilizados para abrir cuentas bancarias, operar en billeteras virtuales y concretar compras con identidades falsas. Hasta el momento, hay cuatro detenidos en la causa que sacude al fuero federal.
Pero este no es el único expediente que pone bajo la lupa a empleados públicos. Un mes antes, el Hospital Rawson fue epicentro de una falsa amenaza de bomba que generó pánico y un gran operativo de seguridad. La autora del llamado al 911, que movilizó a las fuerzas policiales y obligó a evacuar el centro de salud, sería Rosario Cortés Zmutt, bioquímica residente del mismo hospital.
Tras semanas de investigación y recolección de pruebas, la Fiscalía imputaría formalmente a Cortés por el delito de intimidación pública, que contempla penas de 2 a 6 años de prisión. La joven había sido detenida en el marco del procedimiento, recuperó la libertad horas después, pero continúa siendo investigada por su presunta responsabilidad en el hecho que paralizó al principal hospital de la provincia.
El antecedente más lejano de los tres data de noviembre de 2024 y expone a otro trabajador estatal en una causa de alto perfil. Se trata de Ángel Carlos "Richar" Garay, empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo, procesado con prisión preventiva por su presunta participación en una banda narco desbaratada con 115 kilos de marihuana en su poder.
Según la Justicia Federal, Garay habría colaborado con la banda utilizando un vehículo oficial para trasladar parte de la carga, bajo la supuesta excusa de ayudar a una conocida a transportar ropa. Sin embargo, los investigadores descreen de esa versión, teniendo en cuenta el volumen, el peso y las circunstancias del traslado que se concretó de madrugada.
Junto a Garay, otras siete personas fueron procesadas en esa causa, considerada una de las más importantes del último año en materia de narcotráfico en la provincia.