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SUSCRIBITEMediante el fallo, el tribunal obligó a los condenados a restituir el dinero a la Provincia, que resultó afectada económicamente tras las conductas delictivas de la asociación ilícita. Qué condición deberá cumplirse para que el depósito sea efectivo y qué comparación permite la sentencia con la dictada contra la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Un dato que no pasó desapercibido del dictado de sentencia por la megacausa de expropiaciones contra Santiago Graffigna y compañía fue el de la cantidad de dinero que deberá ser decomisada de los bienes de todos los condenados. Es que se trata de una cifra superior a los $13.000 millones, que representa un cálculo del perjuicio económico que sufrió la Administración Pública -y sus intereses- por causa de las maniobras delictivas de los sentenciados.
La suma deberá ser restituida a la Provincia por los 9 imputados castigados, una vez que el fallo quede firme. Es decir, que la condición esencial que debe cumplirse para que los penados realicen el depósito es que la resolución sea confirmada por la Corte de Justicia. A partir de dicho dictamen, los condenados tendrán un plazo de 10 días hábiles para llevar adelante la devolución del dinero que obtuvieron de manera fraudulenta, según lo señala la condena.
Es que el decomiso representa la obligación para los sentenciados de devolver a las arcas públicas aquello que consiguieron a partir de lo que la querella denominó una "industria del juicio". A lo largo del juicio, se pudo demostrar que el Estado resultó dañado por los hechos ilícitos de los imputados, es decir, por el sobreprecio de los terrenos expropiados. Es por eso que, tras la ejecución del decomiso, el dinero que injustamente le fue sustraído a la Provincia le sería regresado a la parte damnificada.
Siempre que la resolución condenatoria quede firme, el monto exacto que deberán devolver los miembros de la asociación ilícita es de $13.110.880.247. No obstante, podría ocurrir que los obligados por el fallo no concreten el depósito del dinero y, como consecuencia, se procedería a hacer una ejecución de todos los bienes que tengan a su nombre. Ello se efectuaría en el marco de un remate público.
El procedimiento sería el de rematar todos los bienes que se les encuentren a los condenados, como así también a cualquier otra interpósita persona que los haya adquirido a su nombre, pero que en realidad el acto jurídico haya sido simulado. Lo que se busca con el remate es restablecer el patrimonio de la Provincia de San Juan que se ha visto perjudicado y volver las cosas al estado en el cual se encontraban antes de las maniobras fraudulentas.
Frente a ello, Graffigna le dijo a la prensa que ese dinero no existe, ya que las expropiaciones se efectuaron y, al mismo tiempo, señaló la injusticia que representaría para aquellos propietarios de los terrenos expropiados que percibieron su ganancia, en su debido momento.
Esta sentencia condenatoria, de quedar firme, traerá aparejadas dos cuestiones, en consecuencia. En primer lugar, la ejecución de la pena privativa de la libertad y por otro lado, el decomiso de los bienes, que derivará en un remate judicial en pugna pública de todos los bienes que hayan sido obtenidos fruto de los actos fraudulentos.
La orden judicial que emitió el tribunal integrado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón hizo recordar al fallo dictado contra la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que, si bien ya cumple con la prisión efectiva, además deberá depositar $84.835 millones. Es que la sentencia contra la ex mandataria confirmada por la Corte Suprema, incluye 6 años de prisión efectiva y el decomiso de bienes por esa suma.
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