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Polémica en puerta

Por primera vez, una empresa de San Juan acusa a sindicalistas de sabotaje y pérdidas por $17 millones durante un paro

La firma Cattorini denunció al secretario general del gremio del vidrio y a un delegado por detener la producción de la fábrica y causar un perjuicio económico. El abogado de los gremialistas afirma que esto atenta contra el derecho a huelga.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El secretario general de los trabajadores del vidrio y un delegado fueron llevados ante la Justicia de San Juan por el supuesto sabotaje a la fábrica Cattorini durante el último paro nacional, el pasado 9 de abril. Es la primera vez, al menos en la provincia, que el empresariado acusa a sindicalistas por las pérdidas productivas derivadas de una medida de fuerza. En este caso, les atribuyen un perjuicio de más de 17 millones de pesos. Por el contrario, el abogado de los gremialistas aseguró que no hubo daños y que la denuncia apunta a dar un escarmiento a los trabajadores y afectar el derecho a huelga.

La denuncia fue realizada por la empresa Cattorini Hnos contra Valentín Jorge Montaña, máximo referente del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines en San Juan, y el delegado Néstor Fabio Mercado. La UFI de Delitos Informáticos y Estafas dio curso a la demanda penal contra ambos sindicalistas, y este viernes 4 de julio la ayudante fiscal Silvina Putelli les imputó la acción deliberada de afectar el normal desenvolvimiento de un establecimiento o provocar daños a la empresa. Este delito está contemplado en el artículo 174, inciso 6, del Código Penal Argentino.

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La ayudante fiscal Silvina Putelli, en el medio. A la izquierda, el abogado Roberto Correa Esbry. A la derecha, los abogados de la fábrica Cattorini.

La ayudante fiscal Silvina Putelli, en el medio. A la izquierda, el abogado Roberto Correa Esbry. A la derecha, los abogados de la fábrica Cattorini.

La audiencia se realizó ante el juez de garantías Pablo León. La empresa está decidida a avanzar contra los sindicalistas; de hecho, envió a dos abogados para que actúen de querellantes. Del otro lado estuvo Roberto Correa Esbry, ex subsecretario de Trabajo y actual abogado defensor de los gremialistas, quien calificó la denuncia como parte de una “política antisindical” que pretende avanzar contra todas las garantías constitucionales y los pactos internacionales que protegen el derecho a huelga.

Lo que denunciaron los empresarios y sostuvo la ayudante fiscal fue que el 9 de abril pasado, en la jornada nacional de paro, Montaña y Mercado ingresaron a las cero horas a la planta situada en avenida Benavidez. De acuerdo con la presentación, los gremialistas notificaron de la medida de fuerza a todo el personal y se dirigieron a una caja de control, donde apagaron la máquina 91 de la única línea de producción.

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La audiencia fue presidida por el juez Pablo León.

La audiencia fue presidida por el juez Pablo León.

Según la imputación de la ayudante fiscal, ese accionar doloso violó el protocolo de seguridad, puso en riesgo a los operarios, generó peligro de incendio y explosión, y provocó la pérdida de 53.600 piezas destinadas a la fabricación de botellas. Agregó que los abogados de la empresa sostuvieron que la maniobra ocasionó pérdidas económicas de 17.500.000 pesos, por la paralización de la producción y los gastos para poner a punto la máquina y reactivar el trabajo.

Montaña y Mercado, que llegaron a la audiencia en libertad, se abstuvieron de declarar y manifestaron que esperaran tener acceso a las pruebas presentadas por la fiscalía y la empresa. En la audiencia se exhibió un video donde, supuestamente, aparecen ellos apagando la máquina. El abogado Correa Esbry sostuvo que no hay constancia de que las personas que detuvieron la línea de producción fueran efectivamente los dos sindicalistas y, además, afirmó que no hubo ningún daño ni perjuicio económico.

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Los dos sindicalistas se abstuvieron de declarar.

Los dos sindicalistas se abstuvieron de declarar.

En su alocución, el letrado explicó que el peligro nunca existió y que las pérdidas no fueron tales, dado que todo el material de vidrio es reutilizable. En cambio, argumentó que los dos gremios habían adherido a la medida de fuerza y que la suspensión de la actividad respondía a la expresión legítima del paro, consagrado como un derecho humano, “menos para la empresa Cattorini”.

La polémica está abierta y no se sabe en qué concluirá la causa. Correa Esbry afirmó que “esto se enmarca dentro del avance del Gobierno nacional contra los derechos laborales”. El juez León, por su parte, dio por formalizada la investigación penal preparatoria por el plazo de un año, les imputó lo que sería un sabotaje y, aunque dispuso que ambos continúen en libertad, les prohibió salir de la provincia.

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