A pesar de que transcurrieron 8 meses de la sentencia dictada en el histórico juicio por expropiaciones en San Juan, el expediente todavía no llegó a la instancia de revisión y la megacausa recayó una vez más en el ciclo de frenos y trabas. Es que los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados siguen sin tribunal que los analice por las dificultades para conformarlo y, como consecuencia, la resolución definitiva de un proceso que ya acumula más de 15 años desde el inicio de la investigación parecería más que lejana.
La demora es clave porque la sentencia del tribunal de juicio aún no está firme y entre las condenas dispuestas hay penas de prisión efectiva, entre ellas la que recayó sobre el abogado Santiago Graffigna (7 años y 8 meses) y otros integrantes de la asociación ilícita que operó con maniobras fraudulentas en el sistema de expropiaciones de la provincia, para alzarse con millones de las arcas del Estado.
El juicio oral concluyó con el fallo del tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. Tras esa resolución, las defensas de los condenados interpusieron recursos de casación, un mecanismo previsto para revisar si la sentencia presenta errores jurídicos, aplicación incorrecta de la ley o graves defectos procesales.
El recurso de casación fue presentado ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y fue éste el que concedió que el expediente se elevara a la Corte de Justicia, dado que la causa se rige por el Sistema Inquisitivo y, por ello, el máximo órgano judicial actúa como tribunal de casación. Sin embargo, los ministros de la Corte se inhibieron a participar y se desencadenó un procedimiento para conformar el tribunal especial que aún no ha tenido éxito.
Guillermo De Sanctis, quien cuando era Fiscal de Estado fue una de las figuras que impulsó la investigación como querellante, fue el caso más evidente de las inhibiciones de los ministros. Durante los primeros años del expediente se pronunció públicamente sobre la responsabilidad de los sospechosos, lo que implica un interés directo en el resultado del proceso y lo obliga a apartarse.
Una situación similar se dio con Adriana García Nieto, quien intervino en etapas previas de la causa cuando se desempeñaba como funcionaria de la Asesoría Letrada del Gobierno de San Juan y emitió dictámenes en el sumario al Tribunal de Tasaciones. Por ese antecedente, incluso antes de su llegada a la Corte, había sido recusada por el propio Graffigna.
También se apartó Marcelo Lima, ya que su hermano, Walter Lima -fallecido- fue quien realizó la denuncia penal original en representación del Gobierno provincial cuando era funcionario de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión de José Luis Gioja. A su vez, los ministros Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur (actual presidente de la Corte) se inhibieron al reconocer vínculos de amistad con algunas de las personas implicadas en el expediente.
Frente a la “imposibilidad absoluta de integración del tribunal natural”, la legislación provincial prevé mecanismos para garantizar que la causa tenga revisión judicial. La Constitución de San Juan y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que, cuando los integrantes del tribunal no pueden intervenir, debe aplicarse un sistema de subrogancias. Primero se recurre a magistrados de tribunales inferiores, como los son los jueces de cámaras o de instancias inferiores, para completar la integración.
Si incluso así no se logra conformar el tribunal, la normativa habilita la designación de conjueces, abogados que integran un listado previamente aprobado por la Corte y que pueden ser convocados para actuar en estos casos excepcionales. En la práctica, la ley prevé que se forme un tribunal con miembros del Tribunal de Impugnación y, si persistieran las inhibiciones, se podría avanzar hacia la conformación de un tribunal especial integrado por conjueces sorteados del listado oficial, el cual se renueva todos los años y queda formalizado a través de una Acordada de la Corte.
Por el momento, se desconocen en qué estado se encuentra la búsqueda del tribunal y qué jueces decidieron apartarse. Las fuentes confirmaron que, en todo el tiempo transcurrido, es decir, desde el 4 de julio de 2025, cuando se conoció el veredicto, y desde el 4 de agosto del mismo año, cuando se conocieron los fundamentos, no hubo ninguna otra novedad en el caso, salvo la no conformación del tribunal.
La falta de integración de este cuerpo de casación vuelve a colocar a la megacausa de las expropiaciones en un escenario de demoras que ya caracterizó gran parte de su historia judicial. Antes de llegar a juicio, el expediente que se originó en 2010 permaneció más de 15 años en investigación y fue recién entonces en 2025 cuando se obtuvo una primera sentencia condenatoria que, hasta hoy, sigue sin quedar firme.
