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SUSCRIBITE Este lunes por la mañana, el fiscal Iván Grassi amplió la acusación contra los tres representantes de Garder, la prestadora de la Obra Social Provincia (OSP) sospechada de estafa, y también formalizó contra otros cuatro implicados en la investigación, entre ellos, dos médicos auditores y dos empleados de la empresa en la mira, un enfermero y una médica.
Se trata de Marilina De la Fuente, Florencia Molina De la Fuente y Eduardo Guzmán, quienes ya habían sido imputados por defraudación en perjuicio de la Administración Pública y ahora se le indilgaron más hechos bajo la misma figura. A ellos se sumaron María Noel Becerra, Mauricio Mesías, Valeria Aciar y Leonardo Trincado, quienes fueron vinculados a la causa tras ser considerados partícipes principales en la maniobra delictiva.
Para el Ministerio Público, los siete implicados tuvieron un rol clave en la ejecución de lo que Grassi describió como una "ingeniería delictiva" y que representaría, acorde apunta la instrucción, un perjuicio millonario para el Estado provincial que ascendería a los 28 millones de pesos, en concepto de facturaciones por prestaciones de servicios que nunca fueron dados.
La acusación de la fiscalía señala diversas irregularidades de Garder, que habrían quedado al descubierto y que involucran a pacientes muertos, firmas truchas y logos falsificados. Módulos alimentarios que no fueron entregados, internaciones domiciliarias y traslados que nunca existieron, al igual que intervenciones que jamás se realizaron son los detalles que comprometieron a los siete imputados, puesto que cada uno de ellos habría cooperado para la concreción del delito.
Es que quienes quedaron bajo la lupa no son sólo aquellos que pertenecen a la firma sospechada de estafa, sino también médicos auditores que debían controlar que esa maniobras no se llevaran adelante. Es por eso que Grassi apuntó contra la auditora de Nivel Salud (el ente fiscalizador que contrató la OSP para esos trabajos) y contra un médico auditor de la OSP. Según la fiscalía, ambos firmaron y autorizaron los servicios fantasmas.
El fiscal explicó que todo comenzaba cuando los afiliados de la OSP que solicitaban las prestaciones hacían el pedido formal y Nivel Salud los recibía. Allí entraba en acción Valeria Aciar, quien evaluaba esos requerimientos y luego cargaba los datos al sistema para sortear y definir qué empresa los ofrecía.
Aunque en total eran 19 las prestadoras en 2022, curiosamente el grueso de esos pedidos era asignados directamente a Garder. Los volúmenes de facturación encendieron las alarmas y fue por eso que se inició una investigación interna. El promedio de facturación de cualquier empresa solía ser de entre 5 y 8 cuerpos, pero con la empresa sospechada llegó a ser de hasta 20 cuerpos.
En ese sumario administrativo de la OSP que se originó se descubrió que no existió derivación ni sorteo, por lo que Aciar quedó contra las cuerdas.
Quien también se vio en aprietos fue Leonardo Trincado, el auditor y funcionario de la OSP que, además de la defraudación al Estado, fue imputado por incumplimiento de los deberes como funcionario público. Tanto él como Aciar debían procurar que las irregularidades no se concretaran, acorde indicó Grassi. "Ser auditor es examinar acciones financieras y eso no fue cumplido por ellos, no controlaron y autorizaron todos los pedidos de Garder", manifestó en audiencia.
Una vez que se aprobaban los pedidos de las prestaciones en favor de Garder -según detalló el fiscal-, eran los empleados de la firma los que tomaban intervención, María Noel Becerra y Mauricio Mesías. La médica fue señalada como quien reclutaba a los pacientes para las prestaciones y, mediante certificados médicos apócrifos, hacía los pedidos.
Acorde la investigación, Becerra, que cumplía funciones en clínicas y hospitales y también trabajaba para Garder, atendía a los pacientes y, cuando ordenaba internaciones domiciliarias o solicitaba prácticas médicas, utilizaba sellos que pertenecían a otros colegas. También habrían aparecido recetarios con logos falsos de clínicas sanjuaninas.
Es por eso que varios médicos, cuyos nombres todavía no salieron a la luz, podrían quedar implicados en la causa, ya que el MPF deberá determinar si eran conscientes del uso de su matrícula o no.
Por su parte, el enfermero que cumplía tareas en Garder era quien supuestamente ejecutaba las prácticas médicas y luego completaba las planillas que registraba la OSP con información ficticia. Es por eso que el fiscal, secundado por los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Pérez, sostuvo que los profesionales de la salud "se prestaron a colaborar con el fraude".
Los testimonios que reunió la UFI de Delitos Especiales en cuestión advierten que las intervenciones médicas nunca sucedieron, por lo tanto aseguraron que las firmas que aparecen en las planillas son falsas. Es que por ejemplo, en uno de los casos, hay registros de que una paciente recibió la internación domiciliaria. Sin embargo, el marido de la misma aseveró que nunca tuvo una internación domiciliaria y hasta admitió no haber contratado nunca a Garder.
En otro caso, en las fojas quirúrgicas aparecen prácticas que no se hicieron y hasta se aplicaron en pacientes que habían fallecido. Las fechas y los horarios no coinciden entre sí y, por ejemplo, se observa en ellas que personas fallecidas estaban siendo sometidas a tratamientos kinesiológicos y habían sido trasladadas.
También aparecen traslados a sitios inexistentes. Un caso indica que un paciente fue llevado a una clínica de Jáchal para ser intervenido en un quirófano. No obstante, ese lugar no cuenta con un quirófano, por lo que representa una de las tantas irregularidades que todas tienen en común que fueron facturadas por Garder.
Si bien el fiscal Grassi le había solicitado al juez de Garantías que los bienes de los tres imputados que encabezan Garder fueran embargados, Manuel Sanz rechazó el pedido después de que las defensas se opusieran a ello. Javier Cámpora, en representación de Marilina De la Fuente y de Eduardo Guzmán, como único abogado defensor, discutió la medida cautelar solicitada y advirtió que la deuda que la OSP tiene con la empresa es cuatro veces más grande de lo que supuestamente habría sido la estafa.
De igual modo, el abogado de Florencia Molina De la Fuente, Diego Molina, también se opuso a la inhibición general de bienes y destacó que su patrocinada siempre se mantuvo a derecho. La querella encarnada por Claudo Vera, en representación de la Fiscalía de Estado, había respaldado el pedido de Grassi que finalmente no se concedió.
Por otro lado, el magistrado que decretó un año para la Investigación Penal Preparatoria, lo mismo que las medidas de coerción (no salir de la provincia sin premiso, fijar un domicilio y presentarse en sede judicial), descartó el pedido de nulidad sobre una testimonial que había solicitado Fernando Castro. El penalista había pedido que la declaración de su clienta en la primera causa -como testigo- no fuera tenida en cuenta. Sin embargo, el juez lo rechazó.