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Se trata de Gabriel Silva, abogado que representa en San Juan al mediático letrado Fernando Burlando.

La fiscalía llegó a una conclusión tras casi un año de investigación. El que quedó en la mira fue el letrado Gabriel Silva, representante de Fernando Burlando en San Juan.

La Policía que cumple funciones en Tribunales montó un importante operativo de seguridad para custodiar a los imputados, luego de algunos cruces que se produjeron con la prensa el lunes último. La investigación se extenderá por otros 6 meses y todo hace prever que los 9 acusados van a juicio.

La fiscalía pidió una prórroga para investigar más a fondo algunas pericias que todavía no han terminado; pero dos abogados defensores salieron al cruce. Uno de ellos trató a la prensa de "tendenciosa" y que esta causa es una “mentira que ha trascendido a la comunidad”.

Quien representara a la empresa sospechada de estafar a la Obra Social Provincia quedó en la mira por una supuesta falsificación de documentos en una demanda millonaria de la prestadora contra el Estado. ¿Qué falta para que la causa se resuelva?

Según la fiscalía, los profesionales que se sumaron a la causa, que por ahora tiene 9 imputados, colaboraron para que la prestadora cobrara dinero por servicios fantasmas. La auditora de la OSP guardó silencio en la audiencia, mientras que el ex empleado de la empresa en la mira dejó entrever que su nombre y su firma podrían haber sido usados por terceros.

Los profesionales serán acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública, en ambos casos, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en uno de ellos que cumplía funciones en la Obra Social Provincia.

Según pudo saber este diario, en exclusiva, los nuevos implicados en la investigación quedaron contra las cuerdas por la primera denuncia que dio origen a la polémica. La prestadora de la Obra Social Provincia está sospechada de defraudar al Estado y de facturar por servicios fantasmas.

Según indicaron fuentes del caso, la nueva involucrada estaría sospechada por la primera investigación que se inició contra la prestadora, por las irregularidades en las entregas de los módulos alimentarios.