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SUSCRIBITEEste viernes, el juez de Impugnación Benedicto Correa cesó la prisión preventiva y hasta que la sentencia quede firme quedaron libres con medidas coercitivas.
Causa Garder: en la imagen arriba a la izquierda los dos condenados Eduardo Guzmán y Marilina de la Fuente; a su derecha, las partes en Tribunales. Abajo a la izquierda el juez Benedicto Correa y a la derecha, el abogado defensor Benjamín Balmaceda.
Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, los dos miembros de Garder condenados por estafas en perjuicio de la OSP (Obra Social Provincia) el 12 de junio pasado, este viernes recuperaron la libertad tras estar un poco más de dos semanas en el Servicio Penitenciario Provincial.
El juez de Impugnación Benedicto Correa fue el que resolvió cesar la prisión preventiva de estas personas hasta que la condena de 3 años de prisión efectiva (impuesta por Matías Parrón) quede firme. El planteo fue presentado por su abogado Benjamín Balmaceda, el letrado antes de que se conocieran los fundamentos de la sentencia de Parrón, impugnó la de medidas cautelares.
Presentación en la que las otras partes estaban totalmente en contra; precisamente el representante del Ministerio Público Fiscal Iván Grassi y la querella compuesta por los representantes de la Fiscalía de Estado. Los cuales solicitaron que la cautelar debe seguir igual a la que dijo el magistrado de juicio.
Finalmente, Correa resolvió cesar la prisión preventiva y dejar en libertad a Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán con medidas de coerción, las mismas son: no podrán salir del país sin la debida autorización, entregar sus pasaportes de viaje y presentarse una vez al mes en la Oficina Judicial; medidas que deberán cumplir hasta que su fallo quede firme.
Los responsables de Garder Salud fueron condenados el 12 de junio por estafar a la Obra Social Provincia con prestaciones fantasmas y por las que habrían ganado millones de pesos. Marilina De La Fuente y Eduardo Guzmán fueron penados a 3 años de prisión efectiva por el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y por adulteración del instrumento privado.
La sentencia fue del juez Matías Parrón, que también absolvió por el beneficio de la duda a María Florencia Molina De La Fuente y María Noel Becerra. La primera es la hija de la mujer condenada, quien apuntó fuerte contra su madre en sus últimas palabras y la segunda es la médica que trabajaba en la empresa y también se había visto involucrada en las sospechas.
Fueron 26 casos los que se comprobaron, a lo largo del juicio, que los sentenciados maniobraron para facturar por servicios que nunca fueron prestados, como la entrega de módulos alimentarios y la realización de prácticas médicas que tampoco existieron. El fiscal demostró, mediante testimonios, que se valieron de las firmas y sellos de sus propios empleados para cometer los ilícitos.
En octubre de 2022, el caso tomó estado público, cuando el interventor de la OSP radicó la denuncia en la justicia penal. A raíz de una auditoría, habían descubierto irregularidades en la facturación de la empresa, que superaba ampliamente a sus competidoras. La sorpresa fue mayor cuando la fiscalía destapó una "ingeniaría delictiva".
A pesar de que hubo otras personas involucradas en la causa, los investigadores las descartaron de las sospechas cuando entendieron que sus nombres y firmas habían sido aprovechadas por sus empleadores