Después de haber denunciado a una de sus prestadoras y de haber destapado un escándalo con las maniobras fraudulentas de Garder, que estafó al Estado con prestaciones fantasmas, la Obra Social Provincia acudió una vez más a la Justicia para pedir que una clínica de Rodeo sea investigada por presunta defraudación. Se trata de la Clínica Argentina, cuyos profesionales a cargo quedaron en la mira de la UFI Norte, que este miércoles realizó un allanamiento y secuestró documentación clave.
Según manifestaron fuentes allegadas, todo comenzó con la queja de afiliados en la OSP por fallas en el uso de la App, ya que figuraban consultas y prácticas que no habían realizado. Como los particulares referían al mismo centro de salud, se inició un sumario administrativo y ahí quedaron en evidencia irregularidades que obligaron al interventor, Rodolfo Fasoli, radicar la denuncia penal.
Las fuentes señalaron que se trataría de consultas médicas y de prácticas de laboratorio fantasmas, es decir, que no se hicieron pero que sí se habrían facturado. De hecho, los representantes de la clínica habrían sido convocados a dar explicaciones e, incluso, habrían ofrecido una reparación económica, posiblemente, para evitar el proceso judicial. No obstante, la falta cometida sería un ilícito y, por ello, pidieron que fueran investigadas sus acciones.
Fue por eso que el bioquímico Pablo Olivares y su esposa Natalia Mateos, quien figura como dueña de la clínica, al igual que los médicos Eduardo Leaniz y Carlos Agüero serán imputados por la presunta comisión de defraudación en perjuicio de la Administración Pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal) y de adulteración de instrumento público (artículo 293 del Código Penal).
La denuncia fue realizada por la OSP el 4 de agosto y este miércoles por la mañana se llevó adelante un allanamiento en la sede situada en calle Tiro Federal y El Milagro, en Rodeo, Iglesia. El procedimiento estuvo a cargo del fiscal coordinador de la UFI Norte, Gastón Salvio, quien indagará sobre las conductas de los implicados, que habrían perpetrado un modus operandi similar a los dueños de Garder.
Si bien la instrucción es incipiente, no se descarta, acorde consignaron las fuentes, que la imputación se amplíe a figuras como la asociación ilícita, dada la participación y el rol que tendrían los involucrados. Tanto Leaniz como Agüero son un clínico y un urólogo, respectivamente, que cumplen funciones en la clínica bajo la lupa; mientras que Olivares y Mateos figuran como los propietarios del lugar.
