Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Se trata de la Clínica Argentina y de cuatro personas que fueron responsabilizadas por la comisión de ilícitos que habrían constado en la facturación de prestaciones fantasmas. Los involucrados son dos médicos, un bioquímico y una empresaria, identificados como Eduardo Leaniz y Carlos Agüero, Pablo Olivares y su esposa Natalia Mateos, que figura como propietaria del centro de salud.

La denuncia fue realizada por la OSP el 4 de agosto de 2025 por el titular de la OSP, Rodolfo Fasoli, y 10 días después personal de la UFI Norte, a cargo del fiscal Gastón Salvio, llevó adelante un allanamiento en la sede situada en calle Tiro Federal y El Milagro, en Rodeo, Iglesia, y se secuestraron documentos que fueron claves para la investigación.

A partir de la instrucción, las sospechas del Ministerio Público encontraron forma con los elementos de prueba para que el fiscal les endilgue los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal). Los médicos fueron imputados en calidad de autores, lo mismo que el bioquímico. Por su parte, la mujer fue acusada como partícipe necesario.

Según dejó entrever la instrucción, todo comenzó con la queja de afiliados en la OSP por fallas en el uso de la App, ya que figuraban consultas y prácticas que no habían realizado. Como los particulares referían al mismo centro de salud, se inició un sumario administrativo y ahí quedaron en evidencia irregularidades que obligaron al interventor, Rodolfo Fasoli, radicar la denuncia penal.

Las fuentes señalaron que se trataría de consultas médicas y de prácticas de laboratorio fantasmas, es decir, que no se hicieron pero que sí se habrían facturado. De hecho, los representantes de la clínica habrían sido convocados a dar explicaciones e, incluso, habrían ofrecido una reparación económica, posiblemente, para evitar el proceso judicial. No obstante, la falta cometida sería un ilícito y, por ello, pidieron que fueran investigadas sus acciones.

La fiscalía aseguró que Agüero emitió 12 bonos truchos, de prestaciones no dadas, pero sí cobradas; mientras que Leaniz y Olivares habría hecho lo propio con 8 bonos cada uno. Es por eso que la figura que se les endilgó fue en calidad de autores materiales. Sin embargo, a Olivares, marido de Mateos, también se lo señaló como partícipe necesario en la supuesta comisión de delito de los otros profesionales de la salud. Para el fiscal Salvio, el matrimonio -que figura como propietario de la clínica- debió saber qué sucedía en el lugar y, por ello, los responsabilizó a ambos.

En la audiencia, la defensa de Mateos solicitó que no se formalizara la acusación en su contra dado que el Ministerio Público no había detallado cuáles eran los hechos que involucraban a la empresaria. Sin embargo, el juez de Garantías Martín Peñafort no dio lugar al planteo, dado que el MPF es quien está legitimado a imputar, aunque se trate de figuras provisorias.

Así, se formalizó el caso que del año pasado había generado ruido con el procedimiento en la clínica. Se determinó un año de Investigación Preparatoria y se dictaron como medidas coercitivas para los cuatro acusados la de comparecer en el proceso judicial y la de presentarse en sede policial cada 30 días.