La catarata de denuncias que podrían recibir los dueños de Garder, condenados por estafa

Es que Marilina De La Fuente y Eduardo Guzmán, castigados a 3 años de prisión efectiva, involucraron en sus maniobras delictivas a varios profesionales que trabajaban para ellos en la empresa y, por ese motivo, también fueron investigados en la causa. Tras ser imputados en audiencias públicas, los empleados y ex empleados de la firma se vieron salpicados por el escándalo, sus rostros aparecieron en todos los medios y sus nombres quedaron bajo sospecha.

Finalmente y acorde avanzó la instrucción del fiscal Iván Grassi, la mayoría fue sobreseída y evitó llegar al juicio, a excepción de la médica María Noel Becerra y la abogada María Florencia Molina De La Fuente, hija de la principal acusada. Como consecuencia de las pruebas producidas en el debate, estas dos jóvenes también fueron apartadas de la acusación y resultaron absueltas.

A lo largo de la Investigación Penal Preparatoria, quedó demostrado que los condenados usaron los sellos, las matrículas y los nombres de los profesionales de la salud que cumplían funciones en Garder para iniciar los procesos de facturación y así cobrarle a la OSP servicios que nunca fueron dados; todo ello sin el consentimiento de los entonces imputados.

Si bien es cierto que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, puesto que De La Fuente y Guzmán fueron penados por defraudación en perjuicio de la Administración Pública y por adulteración del instrumento privado, quienes se vieron afectados por estas acciones podrían accionar en su contra aunque bajo otra figura.

La exposición a la que se vieron sometidos los profesionales, incluso aquellos que se desempeñaban en la empresa de auditorías externas, Nivel Salud, podría haber resultado perjudicial para su imagen y uno de los delitos contra el honor podría haberse configurado. Esto les daría lugar a denunciar a los sentenciados por injurias y calumnias, ya que se vieron envueltos en una causa penal en la que ellos no eran parte, dado que usaron sus sellos y falsificaron sus firmas.

Durante el proceso de investigación, en una de las audiencias, uno de los entonces imputados se mostró sorprendido e indignado por verse en dicha situación, al punto que rompió en lágrimas frente a las partes. Tanto este implicado que luego fue desvinculado como otros podrían arremeter no sólo en el ámbito penal, por el que habría un castigo de parte de la justicia, sino que también se podría dar en el fuero civil, con el objetivo de obtener un resarcimiento por daños y perjuicios.

Por otro lado, aquellas familias que tenían a un ser querido bajo las prestaciones fantasmas de Garder también podrían tomar acciones. No obstante, resultaría complejo de demostrar el perjuicio que habrían sufrido. En un caso hipotético, podría haber sucedido que un paciente se perdió la posibilidad de obtener alguna prestación porque en el sistema figuraba que ya la había tenido, pero en realidad era una farsa empleada por la empresa para cobrar más dinero.

En ese caso, los parientes de las personas que recibieron la asistencia de Garder y cuyas firmas fueron falseadas, como quedó constatado en el debate, podrían sostener que su pariente (la mayoría falleció en la actualidad) se vio afectado porque se quedó sin cobertura médica y ello podría haber desencadenado algo peor en su estado. Sin embargo, resultan meras especulaciones al momento.

Quien tendría el as bajo la manga, en este contexto, sería la propia hija de De La Fuente, quien no sólo se vio expuesta en su imagen por el escándalo, sino que habría sido el blanco de amenazas. Fue la misma joven la que le dijo al juez Matías Parrón que su madre la obligaba a mentir y que, al mismo tiempo, la presionaba. Por esa razón, el magistrado ordenó que la empresaria continuara el proceso en otro lugar, es decir, en una sala contigua.

El propio defensor y padre de la imputada, Diego Molina, aseguró que no fue sencillo tener que contener a su hija, que lidiaba con la decepción que le generó su madre. Fuentes cercanas aseguran que hay mensajes intimidatorios de parte de la mujer contra la hija, lo que podría ser perjudicial para la ya sentenciada. Pese a ello, deslizaron que la joven abogada no sería capaz de denunciar a su progenitora por amenazas y hostigamiento.