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SUSCRIBITE Contra las cuerdas quedó el ex abogado de Garder Salud, Gabriel Silva, luego de ser acusado por la fiscalía de falsificar la firma de la apoderada de dicha empresa, no una sino dos veces. Es por eso que los representantes del Ministerio Público lo imputaron por un delito que podría llevarlo tras las rejas y la jueza de Garantías que intervino resolvió que se lo investigue por los próximos 6 meses. Mientras tanto, ordenó que permanezca en libertad.
El caso que salpica a la prestadora de la Obra Social Provincia, que a su vez está sospechada de estafa, tiene en la mira al profesional que solía representarla por una irregularidad que cometió, presuntamente, cuando inició una demanda millonaria contra el Estado en nombre de Garder.
Acorde detallaron los fiscales de la UFI de Delitos Especiales, Leonardo Aranciabia y Adrián Riveros, fue la propia socia de la firma sanjuanina, Marilina De la Fuente, la que denunció a Silva por 'truchar' su rúbrica en dos presentaciones que realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo y, por ello, la jueza Adriana Tettamanti informó a las autoridades penales sobre la posible comisión de un ilícito.
Según la teoría del caso, Silva presentó un formulario de pedido de conciliación obligatoria en el Juzgado Civil, que es el primer paso para iniciar una demanda, con una firma apócrifa de De la Fuente. Los funcionarios del Ministerio Público detallaron que el letrado pretendía demandar a la OSP por una deuda de 80 millones de pesos.
Presentó un formulario preimpreso que completó con sus datos y los de su patrocinada. En él hacía un reclamo por falta de pago desde julio de 2022 a octubre de 2023 por diversos servicios prestados, más actualizaciones y costas de daño provocado. Sin embargo, un día después, ingresó un segundo documento en el que solicitaba la desestimación de lo anterior. Ese papel, aseguran, también tenía una firma apócrifa de De la Fuente.
Tras ser requerida por la jueza Civil, la representante de Garder se presentó en el juzgado y junto a una nueva abogada, Paola Nale, aseveró que el trámite que Silva realizó era inexistente, ya que la firma no era la suya y aprovechó la ocasión para negar cualquier tipo de representación de su parte. Por tal motivo, la magistrada remitió de inmediato la causa a la jurisdicción correspondiente.
Después de analizar la denuncia, Riveros y Aranciabia entendieron que la conducta de Silva se encuadraba en el artículo 292 del Código Penal, el cual refiere a la falsificación de un instrumento público y prevé una pena que va de 1 a 6 años de prisión. "Silva incorporó a un proceso judicial elementos que adquirieron carácter público", sostuvieron en audiencia.
Frente a la jueza Verónica Gloria Chicón, los colegas que ejercieron la defensa de Silva cuestionaron la calificación que encuadraron los fiscales. Nasser Uzair y Fernando Castro se opusieron a la imputación y señalaron que la misma debía ser otra, es decir, la falsificación de instrumento privado.
"Han confundido la calificación con el instrumento de uso oficial, ya que debería tratarse de un funcionario público el que realiza la acción", argumentaron sobre Silva, a quien describieron como un ciudadano corriente. "No es suficiente la imputación, es excesiva, tampoco está claro si hubo perjuicio", agregaron.
Finalmente, Chicón resolvió 6 meses de Investigación Preliminar Preparatoria y decidió que Silva continuara en libertad sin tener que presentarse en sede judicial o en comisaría para prestarse a derecho.
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