Este viernes por la mañana, en el juicio de expropiaciones, la querella finalizó con sus alegatos y en el cierre de su exposición fue directo al hueso contra los imputados, encabezados por Santiago Graffigna, por quien pidió 25 años de prisión efectiva. El Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, le solicitó al tribunal colegiado las máximas penas previstas en el Código Penal para los integrantes de la supuesta asociación ilícita, que -según los representantes del Estado- podrían haber provocado la quiebra de la Provincia.
Es que acorde indicó Rubén Pontoriero, con las indemnizaciones que se pagaron y las sentencias que están pendientes de ejecución, la defraudación supera los 300 millones de dólares. "Si no hubieran actuado las cautelares, habrían puesto en peligro a la Provincia. Es por eso que pedimos la reposición al anterior al hecho, que devuelvan los fondos que se llevaron", sentenció el abogado querellante frente a los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón.
Embed - Video juicio expropiaciones
Tras señalar que la mega causa impactó contra los cimientos del Poder Judicial y el Estado, afectando su credibilidad por la participación de la Justica, dado los tribunales intervinientes, la participación de la Fiscalía de Estado y sus funcionarios, al igual que los integrantes del Tribunal de Tasación y los abogados implicados, no dudó en manifestar que por sus acciones la Justicia se convirtió en una "oficina para la corrupción".
Por esa razón, para Horacio Alday, que es considerado partícipe necesario en la comisión delictiva, la parte querellante pidió 15 años de prisión efectiva. En tanto que para quien fuera juez del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, solicitó 18 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar un cargo como funcionario público.
3dead770-4fb3-4438-a330-1da9c86cd031.jfif
Por otro lado, para los ex peritos del Tribunal de Tasación, Ana María Melvin y José Díaz Moreno, requirieron la pena de 12 años de prisión efectiva e Inhabilitación perpetua. Mientras tanto, para Néstor Adán Ruíz, que cumplía tareas en Recursos Energéticos, solicitaron 10 años de pena e inhabilitación a ocupar un cargo público de por vida.
Para Mario Díaz, quien fuera Fiscal de Estado; Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo de Bustos, peritos de parte en la causas investigadas, desde la querella pidieron 7 años de prisión e inhabilitación perpetua.
b5fbfc97-2239-456d-a894-f29437cff70a.jfif
A diferencia del Ministerio Público, representado por Daniel Galvani y Liliana Marinero, que pidió 3 años de prisión condicional para los ex miembros del Tribunal de Tasación, Adolfo Cravero, Julio Fernández y Eduardo Olivera, la Fiscalía de Estado desistió de sostener la acusación en su contra, puesto que no habría elementos para endilgarles la participación en las presuntas maniobras delictivas.
En líneas generales, Pontoriero, que cerró con su exposición para luego darle paso al requerimiento de pena de Dávila, indicó que las intervenciones de cada uno de los imputados, que eran profesionales conscientes de lo que hacían, configuró una conducta antijurídica que causó un perjuicio millonario contra el patrimonio de la Provincia.
5553320f-da7b-4c7d-a2f9-18f2139f609d.jfif
Si bien la figura es asociación ilícita y defraudación en perjuicio de las arcas del Estado, remarcó que detrás de las calificaciones impuestas a todos los involucrados se esconden una buena cantidad de delitos, como el de ocultación de pruebas y falsificación de los documentos públicos. "Se ha comprobado su participación, desde Graffigna que fue captando y cooptando voluntades para la máquina defraudatoria", manifestó y agregó: "Las estafas contra el Estado fueron siderales, por eso las cifras son siderales".
Uno de los tantos ejemplos que el querellante dio para graficar el efecto de las maniobras bajo la lupa fue el de una expropiación, que ya tenía una sentencia y cuya indemnización ya había sido pagada. Sin embargo, los acusados habrían desestimado la cosa juzgada y sin temor al error habrían iniciado una nueva demanda por el mismo terreno. Como consecuencia, según dijo Pontoriero, consiguieron que una vereda de 120 metros cuadrados fuera pagada por segunda vez por 800 mil dólares.
840244b5-1dc4-4039-a3c2-b8597bfac20b.jfif
Chispazos en los alegatos
Mientras Pontoriero realizaba su puesta en escena mantuvo un cruce con uno de los imputados. El querellante cuestionó a Macchi por tener una conducta fuera de lugar, que en teoría le respondía por lo bajo cada vez que él se refería a su accionar. Si bien no se pudo advertir desde arriba tal situación, pues ahí está ubicada la prensa, la jueza Rosso de Balanza llamó a la calma y sugirió que las partes cuiden las formas.
Más temprano, durante la misma audiencia, el abogado de la Fiscalía de Estado se había quejado por los murmullos de los imputados y sus defensores. "Las cinco audiencias he tenido que sufrir hostigamiento", sostuvo el letrado. No obstante, los defensores declararon al unísono que nadie había dicho nada, lo que generó tensión en la sala.
351acd2f-dd24-436e-8fe3-536fc597e1d2.jfif
