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SUSCRIBITEDe pie y con sustento gráfico, el abogado que representa a la Fiscalía de Estado inició con el planteo de sus argumentos contra los acusados y sus razones para que sean condenados. En su desarrollo, aseguró que los imputados se sentían impunes y que creyeron que no serían descubiertos.
En el recinto del Concejo Deliberante de Capital, retomó el juicio por expropiaciones y el representante de la parte querellante, Rubén Pontoriero, inició con la exposición de sus argumentos contra todos los imputados y las razones por las que deberían ser condenados por el tribunal que preside el debate.
De pie y con las pantallas como sustento gráfico, el abogado que defiende los intereses de la Fiscalía de Estado explicó de manera detallada cómo habrían iniciado las maniobras delictivas por parte de Santiago Graffigna y el resto de los implicados, quienes según el fiscal Daniel Galvani se habrían alzado con un botín de 15 millones de dólares.
Ante los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, el miembro de la querella anticipó que su idea era mostrar el mecanismo defraudatorio de los integrantes de la asociación ilícita y cómo cada uno de ellos fue participando, a medida que se habría aceitado la ingeniería delictiva, involucrando a funcionarios del Estado, jueces y abogados, acusados de inflar los precios de los terrenos expropiados para recibir más dinero que el debido de parte de la Administración Pública.
En ese marco, el querellante también apuntó contra Horacio Alday como uno de los líderes de asociación ilícita, quien junto a Graffigna habría pergeñado las maniobras para defraudar al Estado. "Vamos a ver cómo la dupla Graffigna - Alday realizó una captación de voluntades para conseguir lo planeado", indicó el mismo que aseveró que fue la codicia la que los condujo a perfeccionar sus acciones para obtener cada vez mayor rédito en las expropiaciones.
Como fundamento de sus dichos, Pontoriero mostró los expedientes de los procesos judiciales en que diversas propiedades fueron expropiadas y en los que se observa la participación de los implicados, entre ellos, peritos y miembros del Tribunal de Tasación. Señaló que en dichas tramitaciones, Graffigna y sus cómplices modificaban fechas y demás cuestiones para verse beneficiados, al punto que aseguró que algunos informes parecerían haber estado guionados por los acusados.
Cabe destacar que la toma de posesión de un terreno y las fechas en que eso suceda es clave para una expropiación en el pago de indemnización y la determinación de los intereses. Fue por ello que el querellante se tomó el trabajo de señalar en las pantallas de la sala cada vez que se produjo una adulteración en los documentos.
El letrado manifestó que el difunto Norberto Baistrocchi, que cumpliera tareas en la Fiscalía de Estado, era quien le proveía de los expedientes de las expropiaciones a Graffigna. Así, el hombre señalado como el cabecilla de la banda delictiva accedía a los trámites con los que finalmente resultaba económicamente beneficiado. "Se sentían impunes porque creían que nada iba a salir a la luz, ya que todos estaban comprometidos", sentenció.
Los alegatos de la querella finalizaron este miércoles a las 13 horas y tendrán continuidad en las próximas jornadas. En ellas quedará registrado cuáles son las penas que pretenden para los imputados. El Ministerio Público, que ya realizó sus alegatos pidió 15 años de prisión para Graffigna, tras endilgarle los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa, en 9 hechos. Además, por tentativa de fraude en 6 hechos y por el ser el jefe de una asociación ilícita que cometió fraude por ocultamiento y sustracción de prueba.
Una vez que finalice la querella, será el turno de las defensas para exponer sus alegatos y, finalmente, acceder a la recta final del juicio que marcará un precedente histórico en la justicia local, en cuestiones de tiempos y por el tenor de la megacausa.
Los enjuiciados en la mega causa son: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita); Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado); Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo); Horacio Alday (el abogado y socio de la asociación ilícita); Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos, (los tres peritos vinculados a Graffigna:); Mario Díaz (el ex fiscal de Estado); Néstor Adán Ruiz, (el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos); y Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera (los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones).
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