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SUSCRIBITESe trata de Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González, quienes permanecen detenidos con prisión domiciliaria y, este viernes, fueron acusados por nuevos hechos. Uno de los cuerpos de la causa concentra a 18 presuntas víctimas, que creyeron comprar bajo regla y se quedaron con las manos vacías.
Después de haber sido acusados por más de 200 estafas, Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados y fueron imputados por más denuncias por defraudaciones con supuestos proyectos inmobiliarios. Unos de los cuerpos de la causa que, conforme avanza el tiempo, se engrosa un poco más, es el que se situó en un loteo de Chimbas que habría dejado a 18 víctimas.
Este viernes por la tarde, la pareja imputada por estafa, defraudación por engaño, retención indebida, desbaratamiento y estelionato, todas modalidades de delictivas, afrontó nuevas sospechas que fueron detalladas por el fiscal Guillermo Heredia, ante la presencia del juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, los defensores Fernando Castro y Franco Montes, como así también de los abogados querellantes que siguieron la audiencia por Zoom.
Según explicó el representante del Ministerio Público, acompañado por la ayudante fiscal Gabriela Blanco, uno de los hechos que tiene al matrimonio bajo la lupa corresponde a la explotación de un inmueble ubicado en la comuna chimbera. Sostuvo que, en 2017, Martín González firmó un contrato de locación de obra con el propietario del predio de 4 hectáreas, de apellido Triguillo, para subdividirlo en lotes y urbanizarlo.
Sin embargo, señaló que el proyecto nunca avanzó y no sólo eso, sino que además el acusado vendió 17 terrenos. Esos compradores, que entregaron dinero y que creyeron estar haciendo un negocio bajo regla, se quedaron con las manos vacías porque el acusado no era el titular de la propiedad. El fiscal detalló que los -ahora- denunciantes dieron un anticipo de entre $10.000 y $20.000 y luego pagaron cientos de cuotas, durante 8 años.
Se calcula que cada uno de los afectados pagó entre $2 millones y $3millones, por lo que el perjuicio por este caso sería un poco más de $70 millones, tal lo remarcó el fiscal Heredia, por los montos que se continuaron entregando hasta abril de este año, cuando la paciencia de los presuntos damnificados se agotó y acudieron a la Justicia. Además de las 17 denuncias de los compradores, se adhirió la denuncia del dueño del loteo, quien pudo demostrar que cayó en las redes de la pareja.
"No cumplió con ninguna obligación, el predio está igual que cuando se firmó el contrato de obra, sólo se montó un portal para dar apariencia legal al engaño, no hubo avances en la urbanización, ni tampoco en la división de lotes, sólo se cobró de abril de 2017 a abril de 2025", indicó Heredia en su exposición.
Otro de los hechos que el Ministerio Público le endilgó a Martín González está vinculado a un contrato de obra firmado en 2019, en el que se habría comprometido a finalizar la construcción de cuatro departamentos en Capital, cuyos constructores iniciales -dos hermanos de apellido Lazcano- se habían quedado sin dinero para seguir con el proyecto.
La fiscalía señaló que el acuerdo era que, al finalizar, el nuevo socio se quedaba con dos departamentos y que los dos restantes quedaban para los hermanos. La obra se concluyó y uno de los Lazcano recibió la unidad funcional, pero el otro no lo hizo, pues habría sido embaucado por el acusado a intercambiarlo por otras propiedades. No obstante, esos otros proyectos nunca se concretaron y en el mientras tanto el imputado vendió el departamento de Capital.
La compradora fue una mujer de apellido Nebro, la que entregó $2 millones en junio de 2020, como anticipo por el inmueble. Sin conocer la verdadera titularidad del bien, hoy esa persona afronta un juicio por desalojo en la vía civil tras ser demandada por el real propietario. Así, este otro cuerpo de la causa judicial se conformó por la denuncia de Lazcano y de Nebro.
Hasta antes del comienzo de la audiencia que, a las 19 horas sigue en proceso, Robles Bonade estaba imputada por 101 hechos mientras que Martín González lo estaba por 102. A los casos que ya se formalizaron, se agregaron más afectados y por tanto el número de supuestas víctimas parecería no tener techo.