Dos de los ocho nuevos implicados en el escandaloso caso de los DNI falsos del Registro Civil de Pocito y las estafas por un monto de 120.000.000 pesos fueron enviados al penal de Chimbas. El juez federal dispuso la prisión preventiva por 90 días para dos de los supuestos cabecillas, mientras que resolvió prorrogar la prisión preventiva para la empleada de esa oficina pública detenida en junio pasado, y declaró prófugos a otros dos acusados que debían comparecer el miércoles último y que desaparecieron de sus domicilios.
La medida fue tomada este jueves al mediodía tras la audiencia en la que el fiscal federal Fernando Alcaraz expuso los cargos que hay contra Marcelo Omar Cardozo, Martín Martínez Villalba, Carlos Fabián Pratto, Lucas Alfonso González, Flavia de las Mercedes Vargas, Analía Rosales, Daiana Castro y Belén José, según revelaron fuentes ligadas a la causa.
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Los primeros detenidos. Natalia Castillo, Rodrigo Navarro Pozo y su padre Rolando Navarro Zaide.
Tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, Cardozo y Martínez Villalba fueron imputados de los delitos de falsificación ideológica, falsificación de documento público, estafas reiteradas y asociación ilícita. Son los mismos cargos que pesan sobre Natalia Castillo, la encargada de tramitar los DNI en el Registro Civil de Pocito; Rolando Javier Navarro Zaide y su hijo Rodrigo Navarro Pozo, todos ellos detenidos en junio último cuando estalló el caso. En aquella oportunidad también apresaron a Marcos Esteban Vallejo, pero éste fue señalado como supuesto partícipe secundario y hoy está en libertad.
También se pidió una caución real de 500.000 pesos, pero la abogada María Filomena Noriega y el defensor oficial Sergio Herrero se opusieron. Finalmente, el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó la prisión preventiva para Cardozo y Martínez Villalba durante 90 días en el penal de Chimbas, a la vez que prorrogó la detención de Castillo por el mismo plazo. En la misma resolución, declaró en rebeldía y prófugos a Rolando Navarro Zaide y a su hijo Rodrigo Navarro Pozo, en razón de que no comparecieron en el Juzgado Federal y desaparecieron de sus domicilios. El mayor de ellos cumplía prisión domiciliaria. En los pedidos de captura también se incluyó a Aldo González Tejada, otro nuevo sospechoso en la causa.
En relación con los otros cinco imputados, la fiscalía les atribuyó el supuesto delito de insertar declaraciones falsas en un documento público. Es que solo pusieron el rostro y la firma para falsificar los DNI. Fue así que el juez resolvió dejarlos en libertad, con la condición de comparecer cada 15 días en la Justicia y someterse al proceso.
El caso comenzó en diciembre de 2023, cuando el RENAPER detectó la maniobra a partir de la denuncia de un ciudadano de Tandil, Buenos Aires, que descubrió que su DNI había sido dado de baja y reemplazado por un triplicado tramitado en Pocito. Con esa identidad falsa, la supuesta banda integrada por los Navarro, Castillo, Cardozo y Martínez Villalba gestionó préstamos y créditos en bancos y comercios sanjuaninos, acumulando a su nombre deudas por 11.412.000 pesos. Ese hallazgo destapó una operatoria que venía repitiéndose con otros documentos.
De acuerdo con la investigación, la clave estaba en la participación de Castillo, empleada del Registro Civil, quien habilitaba la emisión de los documentos apócrifos. Con su connivencia, se utilizaban rostros y huellas de sanjuaninos para duplicar o triplicar los DNI de ciudadanos de otras provincias. Luego, esos documentos eran entregados a los cabecillas, que los usaban para cometer estafas millonarias en distintas entidades financieras y comercios locales.
Las pruebas reunidas revelan que al menos veintidós documentos llegaron a iniciarse bajo esta modalidad, aunque no todos fueron entregados gracias a la detección temprana del RENAPER. Sin embargo, cuatro víctimas ya resultaron gravemente perjudicadas: dos bonaerenses denunciaron deudas superiores a 45.000.000 pesos cada una, otro bonaerense recibió embargos por 30.000.000 pesos, y una mujer santafesina no pudo votar en las últimas elecciones porque su DNI fue invalidado. En conjunto, el perjuicio económico de estas últimas maniobras alcanzó los 120 millones de pesos.
