Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE “Le han hecho algo tremendo… La han carneado”. Sonó fuerte, pero el médico que la atendió en la guardia del Hospital Guillermo Rawson no tuvo otra forma para describir el estado en que dejaron a esa joven mujer. Era inhumano lo que le habían hecho, tenía todo el útero lastimado y se iba en sangre. Presentaba el típico cuadro infeccioso producto de un aborto casero.
Liliana se lo reconoció: “Me puse una sonda”. Fue lo último que dijo y perdió el conocimiento, cuatro horas después falleció en el área de Ginecología del hospital público de la Capital de San Juan, pese a los infructuosos esfuerzos de ese doctor y de otros profesionales por salvarla.
Ya eran las 21 horas del lunes 13 de octubre de 2003. Un aborto clandestino cobraba la vida de Liliana, una caucetera de 32 años y madre de un niño. Ella era de Villa Independencia, en las afueras de Caucete. Su única culpa fue no desear ese embarazo y no contar con dinero para pagar a un médico o una clínica por la misma práctica, entonces se entregó a las peligrosas manos de una enfermera –que no era tal- que la terminó matando.
Un problema de Estado
El caso de Liliana no es el único. Antes hubo muchos otros en San Juan y en el país por la falta de una política pública dirigida a brindar información y atención sobre distintos métodos anticonceptivos, como así también sobre el derecho de poder interrumpir el embarazo y recibir la asistencia gratuita en el sistema público de salud. Por esa época, el aborto estaba penado: la mujer que se sometía a un aborto podía recibir una condena de 4 años de prisión y el médico ejecutor de la maniobra hasta 6 años de cárcel, si su paciente perdía la vida.
Esa situación cambió en enero de 2021 a partir de la puesta en vigencia en toda Argentina de la Ley 27.610, que regula el derecho al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto. Así, cualquier mujer y persona con otras identidades de género pueden abortar hasta la semana catorce de embarazo y no hace falta que expresen los motivos. También se puede interrumpir, cuando el embarazo es resultado de una violación o la salud y la vida de la mujer gestante corre riesgo.
La enfermera de la muerte
Liliana no le había contado a su pareja, Antonio Agüero, que atravesaba el tercer o cuarto mes de embarazo. Tenía un hijo con él -con quién no convivía-, pero no quería otro niño o niña en su casa. En ese entonces, ella se mantenía con un Plan Jefa de Hogar y la ayuda económica que recibía de parte del hombre.
Alguien la llevó o le pasó el contacto de Ramona Gabina Molina, otra caucetera que poseía fama de enfermera y especialista en abortos. Esta mujer de 56 años contaba que aprendió los conocimientos de enfermería durante los años que trabajó para un pediatra y en una llamada Clínica Centro Médico, pero sólo había hecho un curso de primeros auxilios.
Sus antecedentes no la favorecían. Entre las causas penales que afrontó, había una por ejercicio ilegal de la medicina, otra por una adopción ilegal y seis por prácticas de abortos. Aún así no contaba en su haber con condenas y seguía atendiendo en su casa del barrio Ruta 20, en la villa cabecera de Caucete.
Nunca se estableció con certeza cuántos encuentros hubo entre Liliana y Gabina Molina. Antonio Agüero declaró que la muchacha le pidió el auto la mañana del domingo 12 de octubre de 2003, con la excusa de que debía hacer compras en el centro de Caucete.
Liliana se ausentó todo el día y regresó alrededor de las 20. Agüero no le hizo preguntas y la invitó a que fueran a dar una vuelta y a compartir unos panchos con su nene en el centro de Caucete. Ella aceptó, pero después no quiso comer. Le dijo que sentía dolor en el estómago.
A su regreso a Villa Independencia, vieron televisión y Agüero se marchó a su casa a dormir. Sin embargo, a las 6 de la mañana del lunes 13 de octubre de 2003, escuchó que golpeaban la puerta. Era Liliana, que le pedía que se levantara y la llevara al hospital porque se encontraba descompuesta.
Una mañana fatal
Ambos partieron en el Renault 12 de Agüero. En el camino, Liliana le pidió que cambiara el rumbo y se dirigiera al barrio Ruta 20. En ese trayecto le contó que estaba embarazada, que su decisión era no tener ese niño y que se iba a realizar “un trabajo” para abortar. Según el hombre, en ese momento discutieron porque él se opuso, pero ella no lo escuchó.
A los minutos llegaron a esa casa de calle Carlos Leiva del barrio Ruta 20. Antes de bajar del coche, Liliana entregó un papel a Antonio en donde se leía “Doña Gabina” y un número telefónico, y le indicó que llamara dentro de 2 horas.
El hombre cumplió la orden y en ese primer llamado fue atendido por Gabina, quien le solicitó que comprara Novalgina. Él fue a la farmacia y le llevó el medicamento, y esa mujer le dijo que volviera a las 10 de la mañana. Para cuando volvió en esa segunda oportunidad, pasó al interior de la casa y encontró a Liliana postrada en la cama, muy pálida y con fuertes dolores.
Liliana se desangró durante toda la mañana del lunes 13 de octubre de 2003. Recién a las 17 la llevaron al hospital Rawson.
Según el hombre, propuso llevarla al hospital, dado que veía que perdía sangre y estaba mal. Tanto Liliana, como Gabina, se negó. En cambio, la “enfermera” lo mandó de nuevo a comprar unos inyectables para bajarle la fiebre y frenar la hemorragia.
Agüero hizo todo lo ordenado, pero Liliana se encontraba cada vez peor y había mucha sangre sobre la cama. Recién ahí, Gabina Molina aceptó trasladarla a un centro médico. Primero dijo que ella no los acompañaría y pidió que buscaran a otra persona. Fue así que el hombre salió y le solicitó ayuda a una amiga de Liliana, de nombre Rosa.
Una muerte inevitable
La situación fue desesperante. Entre Agüero y Rosa vistieron a Liliana y la subieron al asiento delantero del coche. Atrás se sentaron la amiga y Doña Gabina, que finalmente se vio obligada a acompañarlos. En realidad, quería asegurarse de armar la coartada, pues en el trayecto al hospital exigió a Rosa y a la pareja de la víctima que no contaran nada acerca del aborto porque podían quedar presos. Que ni la nombraran y que dijeran que la muchacha se había caído de su bicicleta.
Liliana fue ingresada a las 17 del lunes 13 de octubre de 2003 a la guardia del Hospital Guillermo Rawson. La acostaron en una camilla. El que la atendió primero fue el médico Sergio Alé, que se alarmó al constatar el estado calamitoso que presentaba la muchacha: infección y hemorragia generalizada en el útero, tensión arterial irregular, falta de temperatura, midriasis -dilatación de las pupilas- y 40 de presión, según consta en la causa judicial.
Su primer diagnóstico fue que estaban frente a la víctima de un aborto séptico incompleto, que posiblemente le habían perforado el útero. De inmediato, el médico ordenó que la pasaran a quirófano. Ahí se lo encontró a Agüero y le dijo molesto: “Le han hecho algo tremendo…La han carneado”, según la causa judicial. Nadie respondió, declaró el médico, quien en su declaración agregó que las dos mujeres y el hombre que acompañaban a la paciente se mostraban reticentes a aportar datos y no colaboraron en nada.
La joven mamá fue sometida a transfusiones de sangre y a una operación para extraerle el útero y los ovarios a raíz de la avanzada infección. Los médicos le adelantaron a la familia que sólo un milagro podía salvarla. Y eso no ocurrió. Ese lunes a las 21 horas, Liliana falleció en la Sala de Ginecología.
Del aborto al crimen
En el instante que los profesionales daban la terrible noticia, Ramona Gabina Molina se daba a la fuga por unas de las puertas del hospital. Su apuro fue tal que retiró algunas de sus pertenencias de su casa y desapareció. Mientras tanto, los policías de la Comisaría 9na interrogaban a Agüero y a la amiga. Los otros familiares de Liliana se enteraron del aborto y de su muerte en el mismo nosocomio.
Agüero relató todo lo que sabía y entregó el papel con ese escrito que decía: “Doña Gabina”, con el número de un teléfono fijo. Los policías cauceteros y los investigadores de Homicidios de la Brigada de Investigaciones luego supieron que se trataba de Ramona Gabina Molina, la conocida abortera de Caucete que ya tenía antecedentes por hechos similares.
En esos días allanaron su casa y los investigadores se sorprendieron por lo que encontraron. Hallaron un alambre de fardo y el trozo de una delgada rama de árbol, ambos con algodones y envueltos con cintas adhesivas en uno de sus extremos, en forma de hisopo o cucharas. Además, secuestraron una aguja de tejer, otra de coser, cajas de calmantes y antibióticos, un suero, una máscara de respirador, jeringas, algodón, dos chatas y hasta una manguera. Todos elementos empleados en las prácticas de abortos caseros.
Ramona Gabina Molina se convirtió en la principal sospechosa y el juez Leopoldo Zavalla Pringles, del Primer Juzgado de Instrucción, ordenó su captura. Pero pasaron muchos días, hasta que la detuvieron el 28 de octubre de 2003 en la sucursal bancaria de Caucete. La mujer había regresado de Mendoza sólo para cobrar su Plan Jefe de Hogar. El cargo en su contra, aborto seguido de muerte.
Condena a prisión
En la indagatoria, Doña Gabina aseguró que no sabía nada de la muerte de Liliana y que la conocía porque alguna vez le puso una inyección, pero negó cualquier vinculación con una maniobra de aborto. Incluso apuntó a una vecina suya diciendo que los rumores indicaban que esa mujer practicaba abortos.
Durante el juicio oral y público en junio de 2005, la mujer se abstuvo de declarar y la defensora oficial Virginia Guillén sostuvo que no existían pruebas para condenarla. Gustavo Manini, el fiscal de cámara, por su parte aseguró que los testimonios y las pruebas incriminaban a la “enfermera”.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal quedó probado que Doña Gabina, primero, le puso una sonda a Liliana, pero no llegó a completar el aborto y eso complicó la situación. Su teoría fue que debido a esto, el domingo 12 de octubre de 2003 empleó otro método usando ese alambre y la rama como cucharas o espátulas para terminar el legrado. Se supone que ahí le perforó el útero y desató ese cuadro infeccioso que derivó en la muerte de la mujer de 32 años.
Ramona Gabina Molina fue condenada 4 años y 6 meses de prisión por los jueces Raúl Iglesias, Arturo Velert Frau y Juan Carlos Peluc Noguera. Cumplió parte de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, pero se estima que no estuvo presa la totalidad de ese tiempo. Al momento del juicio ya llevaba casi dos años detenida. Además, después le dieron una conmuta y le rebajaron dos meses. Es probable que, con los beneficios, salió de la cárcel al cumplir más de la mitad de su castigo. Hoy tendría 76 años, aunque dicen que ya falleció.
El caso de Molina es una de las pocas causas judiciales por aborto seguido de muerte que terminó con una condena de prisión efectiva. No se conocen otros antecedentes. Sólo el de Dominga Garay, quien fue condenada en octubre de 2000 a 2 años y 6 meses de prisión por practicar un aborto a una chica de 20 años y causarle la muerte.
FUENTE: Sentencia del tribunal de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, artículos periodísticos de Diario de Cuyo y hemeroteca de la Biblioteca Franklin Rawson.