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SUSCRIBITEEl letrado acusó la arbitrariedad del personal en comisarías y el Servicio Penitenciario, lo que afectaría la tarea de los penalistas en el ejercicio de sus funciones. Además, pidió que se reglamente un mecanismo formal para que los defensores puedan entrevistar a sus patrocinados sin inconvenientes a sus patrocinados.
Un abogado sanjuanino presentó una denuncia formal ante la Corte de Justicia y acusó a personal policial de las comisarías y del Servicio Penitenciario de incurrir en prácticas arbitrarias que obstaculizan el ejercicio profesional y vulneran derechos fundamentales de personas detenidas.
El letrado es Nasser Uzair, quien solicitó que la presentación sea tramitada como una incidencia de carácter colectivo, al considerar que los hechos denunciados afectan a la totalidad de los abogados penalistas de la matrícula. En su escrito, sostiene que existe una “práctica ilegal de larga data” consistente en demoras injustificadas, trato indebido y obstáculos sistemáticos al intentar entrevistar a detenidos en comisarías y dependencias penitenciarias.
Según detalló, estas restricciones no solo perjudican el ejercicio de la abogacía, sino que también afectan los derechos constitucionales de los detenidos, en particular el acceso a la defensa y la posibilidad de comunicarse con un abogado de su elección. Como ejemplo, relató cómo fue su padecimiento en la Comisaría 2da, cuando intentó entrevistarse con una patrocinado, que se hallaba en calidad de detenido.
Afirmó que debió esperar largos períodos, repetir en varias ocasiones el motivo de su presencia y, finalmente, no logró concretar la entrevista. Indicó además que personal policial condicionó el acceso a una supuesta autorización del juez o del fiscal, lo que no correspondería si no existe incomunicación dispuesta por orden judicial.
El abogado calificó estos hechos como de “gravedad institucional”, al entender que implican una indebida injerencia de autoridades policiales e incluso del Ministerio Público en decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito judicial. También denunció un trato “indecoroso” hacia los profesionales, en contravención con la normativa vigente que equipara su consideración a la de magistrados.
En su presentación ante la Sala III del máximo tribunal, entre otras medidas, pidió que se establezca una reglamentación, es decir, pautas de trato, acceso sin restricciones indebidas, prioridad en la atención y mecanismos de control, como libros de quejas o canales formales para denunciar incumplimientos en comisarías y unidades penitenciarias.
Además ofreció juntar firmas por parte de otros abogados penalistas para sostener su reclamo e intentar obtener una medida concreta, que resuelva la problemática denunciada, perjudicial -según su postura- para los abogados sanjuaninos. Si bien pudo presentar la queja mediante asociaciones u organismos que lo representan, como el Foro de Abogados o la Asociación de Abogados Penalistas, a juzgar por los hechos, decidió hacerlo como una iniciativa personal.
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