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SUSCRIBITE Luego de que trascendiera que Fernando Burlando será el defensor de Garder Salud, la prestadora de servicios que es investigada por facturación fantasma al Estado, el codefensor sanjuanino que también formará parte de la causa, Gabriel Silva, le aseguró a Tiempo de San Juan que contraatacarán con una denuncia en la justicia penal contra las autoridades de la Obra Social Provincia.
Es que para el mediático abogado, que arribará a la provincia para tomar contacto directo con el expediente judicial, el interventor de la OSP, Miguel Ángel Grecco, al igual que la gerenta de la institución, Cecilia Sarmiento, cometieron graves irregularidades en el cumplimiento de las normas y por ello entienden que tienen responsabilidad penal.
Por ese motivo, el equipo de Burlando los denunciará este viernes en la fiscalía de turno por los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y por abuso de autoridad, con el objetivo de que esa acusación se incorpore a la causa existente en la UFI de Delitos Especiales.
Acorde comentó Silva, la OSP mantiene una deuda millonaria con Garder que se generó desde hace un año y por tanto habrá también una demanda en la Justicia Civil por daños y perjuicios. Además, el profesional que pertenece al bufete de Burlando y lo representa en el territorio sanjuanino explicó que desde la OSP no le quisieron entregar documentación que requirieron a raíz de las denuncias que la empresa recibió.
"Hay una deuda cuyo monto es enorme, aún no está calculada aunque se estima que es millonaria", sostuvo Silva al mismo tiempo que agregó: "Las prestaciones han sido brindadas de forma correcta y están las pruebas que lo demuestran. Sin embargo, no hemos podido acceder a los documentos que pedimos y que corresponde que nos otorguen".
Luego de negar la comisión de delito por parte de la firma y de remarcar que hubo faltas administrativas, el codefensor de Burlando, que actuará en conjunto con otro abogado del estudio jurídico porteño, Fabián Améndola, advirtió que accionarán también contra los directivos de la asociación que nuclea a las clínicas sanjuaninas y contra el ente que ejercía el control dentro de la misma OSP.
Según indicó Silva, la denuncia en fiscalía será contra ACLISA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan), comandada por Miguel Héctor Rodríguez, y hacia Nivel Salud, la gerenciadora que controla los pagos que realiza la OSP. "Habiendo tantos controles, es imposible que hayan existido facturaciones por servicios que no se prestaron. Se necesitan cerca de 20 firmas para que se ejecute un pago, no es tan sencillo. Por eso tienen que responder aquellos que son responsables", argumentó.
Garder está sospechada de haber facturado internaciones que no existieron y también de haber cobrado por la entrega de suplementos alimentarios a personas que habían fallecido. En la justicia penal, hay una causa formal y una denuncia que es investigada de forma preliminar. Quienes están imputados son los directivos de la empresa de capitales sanjuaninos: el director de la empresa, Eduardo Guzmán; Marilina de la Fuente socia del director y administradora de la empresa y María Florencia Molina de la Fuente, también parte de la sociedad.
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