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SUSCRIBITE Luego de que la semana pasada trascendiera que la Obra Social Provincia había denunciado a la empresa prestadora de servicios Garder, por segunda vez en la justicia penal, fuentes vinculadas a la investigación indicaron cómo surgieron las nuevas sospechas y qué delito estaría en juego contra los responsables de la firma.
Acorde señalaron las fuentes consultadas, después de que la prestadora fuera denunciada por fraude el año pasado, las autoridades de la OSP llevaron adelante una exhaustiva auditoría y, a través de esa investigación administrativa interna, descubrieron nuevas irregularidades y por ello acudieron a la UFI de Delitos Especiales una vez más.
En esa profunda revisión de las documentaciones, en la obra social del estado no sólo notaron la maniobra fraudulenta con los módulos alimentarios, sino también con las internaciones domiciliarias. En líneas generales, advirtieron que había facturaciones por servicios que nunca fueron llevados adelante, es decir, Garder había cobrado por internaciones 'fantasmas'.
Si bien el caso se destapó en octubre del 2022, recién a principios de agosto de este 2023, el caso se formalizó y la Justicia imputó formalmente a los tres representantes de la firma por estafa en perjuicio de la Administración Pública. Se trata del director de la empresa, Eduardo Guzmán; Marilina de la Fuente, socia del director y administradora de la empresa; y María Florencia Molina de la Fuente, también parte de la sociedad.
De esta manera, tal y como lo convinieron las fuentes, el delito que se podría investigar resulta el mismo: estafa contra la Administración Pública. Sin embargo, si la investigación del fiscal Francisco Pizarro y su ayudante fiscal Mariano Carreras sigue en pie, las fuentes dejaron la puerta abierta a la presunción de la comisión de otros delitos como el de falsificación de documentos.
Por el momento, la denuncia radicada por la OSP se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público que realiza las acciones de una investigación preliminar y, en caso de reforzar las sospechas con elementos de prueba contundentes, procedería a la formalización de la instrucción, del mismo modo en que sucedió con la denuncia por los módulos alimentarios, que generó un perjuicio económico a la institución estatal.
La primera denuncia contra Garder avanzó hacia la imputación de tres apoderados de la empresa. La fiscalía descubrió que la firma facturaba por módulos alimentarios que nunca fueron entregados y en un caso no sólo se supo que el beneficio no había sido acreditado, sino que el afiliado había fallecido. Es decir que durante unos 4 meses cobraron dinero por un servicio que ni siquiera podía ser aprovechado.
Por esas pruebas y otros elementos, los representantes de la empresa quedaron contra las cuerdas y ahora afrontan una nueva sospecha en su contra. Es probable que la nueva denuncia se unifique a la investigación ya iniciada y un nuevo hecho se acople al tren de acusaciones.