El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000
Ampliaron la acusación contra el agente penitenciario Alejandro Jofré por otras 19 denuncias de estafa, que se sumaron a las 25 iniciales. Su padre, su hermana y su novia también fueron señalados como partícipes de esas maniobras.
El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
El escándalo por las estafas millonarias cometidas por el penitenciario Alejandro “Tati” Jofré sigue creciendo y ahora complica a su entorno familiar. La causa, que ya venía marcada por 25 denuncias, sumó otras 19 presentaciones judiciales. Los casos alcanzaron 44 posibles fraudes, con un perjuicio económico estimado en $206.000.000. Además, imputaron al padre, a la hermana y a la novia como partícipes necesarios en todas esas supuestas maniobras delictivas, pero continúan en libertad.
La audiencia se realizó este martes 4 de noviembre ante el juez de garantíasMatías Parrón. Allí, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, amplió el objeto de investigación contra Jofré y también imputó a su padre, Américo Jofré; a su hermana, Carla Luciana Jofré; y a su novia, Gabriela del Rocío González, como partícipes necesarios de los delitos de estafas reiteradas. Los tres, al igual que el penitenciario, son defendidos por la abogadaMaría Filomena Noriega.
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El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos.
Así, el plazo de la investigación penal preparatoria se extendió a 12 meses. Pese a la oposición de la defensa, el magistrado prorrogó la prisión preventiva de Alejandro Jofré por otros 4 meses y dispuso el embargo de sus bienes por $206.000.000, mientras que ordenó la inhibición de bienes para sus familiares y su pareja.
La causa se inició en septiembre de 2025, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias de penitenciarios y allegados que afirmaban haber sido engañados por su compañero de trabajo. El 5 de septiembre, la Policía detuvo a Jofré en una vivienda de Angaco. Tres días después, el 8 de septiembre, el juez Matías Parrón ordenó su prisión preventiva, medida que luego fue confirmada por el juez de Impugnación Daniel Guillén. Desde entonces, el agente permanece detenido en el Puesto Policial Chimbas Sur, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas.
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La defensora, la abogada María Filomena Noriega.
En la audiencia de este martes, el fiscal Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco expusieron las nuevas denuncias y pidieron la ampliación del objeto de investigación. Recordaron que, en la audiencia de septiembre último, Jofré fue imputado por 25 hechos de defraudación por engaño, con un perjuicio de $158.410.600. Ahora, con las 19 denuncias que se sumaron a la causa, el perjuicio total asciende a $206.020.600. Cada uno de los hechos, explicó el fiscal, será considerado de manera autónoma e independiente.
Según la investigación, Jofré ideó un sistema de falsas inversiones con el que convencía a compañeros del Servicio Penitenciario y a personas de su entorno de entregar sumas de dinero a cambio de supuestos intereses o ganancias rápidas. Las víctimas le confiaban sus ahorros y, en algunos casos, vendían vehículos o bienes para participar del negocio. En un principio recibían devoluciones parciales, lo que reforzaba la confianza, pero luego el agente dejaba de responder y el dinero desaparecía. La fiscalía sospecha que su entorno familiar participó en el manejo de fondos y movimientos bancarios que servían para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
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Los cuatro imputados frente al juez.
Entre las nuevas denuncias incorporadas figuran las de Antonio Alcaraz, Luis Daniel Porras y Carlos Alberto Herrera. El primero de ellos es empleado de Obras Sanitarias y entregó más de $2.600.000 en distintos pagos con la promesa de una rentabilidad inmediata, pero apenas recuperó una mínima parte. Porras, cuñado de un penitenciario, transfirió $9.000.000 para invertir en la supuesta compra de harina y artículos de limpieza y nunca obtuvo devolución alguna. Herrera, también agente penitenciario, transfirió $7.500.000 en tres operaciones a cuentas vinculadas a Carla Jofré, Gabriela González y al propio Alejandro Jofré, recibiendo solo una parte del dinero, con un perjuicio final estimado en $3.000.000.
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Para la fiscalía, las pruebas reunidas demuestran que el penitenciario actuó de forma coordinada con su familia y su pareja, quienes habrían facilitado cuentas y colaborado en la captación y administración del dinero proveniente de las estafas. Todos ellos, por el momento, se abstuvieron de declarar y la causa contra ellos avanza, aunque en libertad.
