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SUSCRIBITEEsta semana, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, defendió un proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada. La iniciativa también incluye a los falsos testimonios. Quieren aplicar hasta seis años de prisión por estos hechos. En San Juan, dos reconocidos letrados dieron su veredicto sobre la propuesta del oficialismo.
En el Senado nacional, el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, defendió un proyecto de ley que pretende penas más duras por falsas denuncias y falsos testimonios, y buscan aplicar hasta seis años de prisión a quienes cometan estos delitos. En San Juan hubo repercusión sobre este tema y dos abogados dieron a conocer su opinión.
Los letrados consultados fueron el exdiputado nacional Eduardo Cáceres y María Filomena Noriega. Ambos coincidieron en sus posturas, al mostrarse a favor del proyecto impulsado por la senadora de la Unión Cívica Radical -UCR-, Carolina Losada.
“Es un gran avance”, dijo Cáceres, quien tomó un rol protagónico con respecto a este tipo de casos a nivel judicial y legislativo. Cabe destacar que, en agosto de 2022, el dirigente político fue sobreseído de forma total y definitiva a su favor tras la causa por violencia de género que tuvo como denunciante a Gimena Martinazzo. También impulsó la Ley Alejo, contra las falsas denuncias, que estuvo incluido como un punto de la Ley Bases -la cual no tuvo el apoyo del Congreso nacional-.
Para el excandidato a la Gobernación de San Juan, el proyecto legislativo busca “poner rigor sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Justicia argentina”. Principalmente, porque el delito de falsa denuncia por violencia de género no está tipificado, expresó. Sobre ello, tomó como ejemplo al caso Bulog, ocurrido en 1952. Cáceres indicó que la mayoría de los tribunales usan la jurisprudencia de este antecedente: “El actual delito de falsa denuncia quedó solamente para delitos contra la propiedad y se excusan de no tomar estas causas”.
Por otra parte, Noriega dio el visto bueno a la iniciativa. “Estas denuncias causan un daño irreversible. Nos toca afrontar muchas situaciones de falsas denuncias de ex parejas por celos y cuestiones económicas”, expresó.
La abogada habló sobre tres daños hacia la persona que fue denunciada falsamente. El primero es económico, porque debe pagar por una defensa, el segundo por las medidas coercitivas que pueden imponerle y el tercero por verse afectado por la condena social. “Nadie le paga a la persona por lo que le pasó y psicológicamente termina muy mal”, continuó.
En un contexto de intensos debates legislativos, una iniciativa para reformar el Código Penal argentino ha despertado una fuerte polémica en los ámbitos político y social. La propuesta, presentada por la senadora radical Carolina Losada, busca establecer penas de hasta seis años de prisión para quienes realicen denuncias falsas en casos de delitos graves, como violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Losada argumentó que la medida es necesaria para proteger a las víctimas reales y evitar que el sistema judicial sea utilizado con fines malintencionados. “Una denuncia falsa no solo daña a las personas injustamente acusadas, sino que también desacredita la lucha de quienes realmente sufren estos delitos”, expresó la senadora en el marco de la discusión.
El debate alcanzó un punto álgido cuando un funcionario del gobierno de Javier Milei, convocado ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, defendió la reforma. En su intervención, el funcionario respaldó la necesidad de endurecer las penas y arremetió contra algunas agrupaciones feministas, a las que acusó de generar “un ambiente de desconfianza” hacia el sistema judicial.
Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas expresaron su preocupación, argumentando que la reforma podría desalentar a las víctimas reales de denunciar por miedo a represalias legales si no logran probar los hechos. “Este tipo de iniciativas son un retroceso en la garantía de acceso a la justicia para las víctimas. Lo que se necesita es un sistema judicial con perspectiva de género, no medidas punitivistas que atentan contra los derechos conquistados”, afirmó una representante de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.
En contrapartida, algunos sectores celebraron la propuesta, señalando que el aumento de las penas podría funcionar como un disuasivo efectivo contra el abuso del sistema judicial. “Es una medida de justicia que busca equilibrar los derechos y proteger tanto a las víctimas reales como a quienes son injustamente señalados”, sostuvieron representantes de asociaciones civiles que promueven reformas judiciales.
El proyecto de ley también plantea interrogantes jurídicos. Expertos en derecho penal advirtieron sobre la dificultad de probar la intención maliciosa en una denuncia falsa, lo que podría derivar en un uso arbitrario de la norma. Además, señalaron que el foco debería estar en fortalecer la investigación judicial para evitar errores y garantizar sentencias justas.
