Tras casi dos décadas prófugo de la Justicia española, el exconcejal marbellí Carlos Fernández, que durante años vivió en San Juan, fue condenado a pagar una multa millonaria en el marco del caso Saqueo II, que investigó el desvío de fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
Fernández, que se entregó la semana pasada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aceptó ante la Audiencia Nacional las acusaciones en su contra y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. En la audiencia realizada este miércoles, el exedil admitió su responsabilidad en los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental continuada, y fue condenado al pago de 4.095 euros de multa. Además, deberá abonar al municipio de Marbella 258.678,31 euros (correspondiente a $435.416.280) en concepto de responsabilidad civil, cifra que también aceptó.
El pacto con la Fiscalía le permitió evitar la cárcel, ya que originalmente se pedían para él penas de prisión de hasta un año y medio por malversación y tres meses por falsedad documental. Las partes renunciaron a continuar con el juicio una vez homologado el acuerdo.
El caso Saqueo II investigó las irregularidades cometidas en la gestión municipal de Marbella entre 1991 y 1999, que incluyeron el desvío de alrededor de 70 millones de euros mediante empresas públicas y privadas, además de un fraude a la Seguridad Social estimado en 91 millones. En el mismo expediente ya habían sido condenados el exalcalde Julián Muñoz (fallecido) y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca.
Fernández, que fue concejal de Deportes durante la gestión de Jesús Gil y más tarde teniente de alcalde y responsable de Turismo, se mantuvo prófugo desde 2006, cuando escapó tras iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya. En aquel momento, aseguró por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago y que regresaría “de inmediato” si era requerido por la justicia, pero nunca volvió a aparecer.
Durante su largo período de fuga, el exedil se radicó en Argentina, donde vivió principalmente en San Juan. En 2017 fue detenido en la provincia, pero la Corte Suprema argentina rechazó su extradición a España en 2022, lo que lo dejó en una situación irregular, sin documentación que acreditara su residencia legal. Finalmente, Fernández decidió pactar su entrega voluntaria a cambio de no ir a prisión, acuerdo que se concretó el pasado 29 de octubre.
Fuente: El Confidencial