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SUSCRIBITELa jueza ordenó tres meses de prisión preventiva para Diego Ruarte, un policía brigadista de la Justicia acusado de filtrar información reservada a un integrante de una banda delictiva de San Martín. La causa ya involucra a policías y suma nuevas derivaciones.
La jueza Flavia Allende dictó tres meses de prisión preventiva para Diego Ruarte, un expolicía brigadista del Poder Judicial acusado de suministrar información reservada a delincuentes vinculados a la barrabrava de San Martín. La investigación está encabezada por la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, quien lleva adelante la investigación.
Según la pesquisa, Ruarte se desempeñaba primero en la UFI de Delitos Contra la Propiedad y luego en la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), áreas que trabajan junto con brigadas policiales y poseen acceso a datos sensibles: domicilios marcados para allanamientos, estados procesales, pedidos de captura, imputaciones y pruebas reunidas en distintas causas. De acuerdo con la acusación, el imputado habría utilizado esta información para beneficiar, a cambio de dinero, a Franco Ariel González, alias “El Chorico”, integrante de la banda de "La Banda del Pueblo Viejo” y recientemente condenado.
La investigación tomó impulso cuando González intentó descartar su celular arrojándolo a un canal al momento de ser detenido. El cauce no tenía agua, el dispositivo fue recuperado y, tras ser peritado, reveló conversaciones ininterrumpidas entre agosto y el 19 de septiembre con Ruarte. En esas fechas, el imputado continuaba trabajando en Delitos Contra la Propiedad, lo que explicaría el nivel de detalle al que González accedió: incluso contaba con datos suficientes para evitar allanamientos.
Además, la fiscal Pringles informó en la audiencia que el propio Ruarte le habría escrito a ella y a su equipo ofreciéndoles información, y que desinstaló WhatsApp antes de entregar su teléfono a los brigadistas. El imputado se negó a declarar.
La causa también alcanzó a dos policías, a quienes se les secuestraron los celulares para determinar si tuvieron participación en la filtración de datos. Los mismos han sido removidos pero trabajan en la UFI Genérica, donde se realizaron todos los trabajos para dar con estos miembros de "LBDPV".
Desde la defensa, representada por Roly Olivera y Marcelo Sandez, se sostuvo que no existe un mensaje concreto que pruebe el intercambio ilegal de información. Plantearon que el vínculo entre Ruarte y González respondería a tareas de campo habituales dentro de investigaciones en curso.
Los acusados forman parte de la banda del “Pueblo Viejo”, enfrentada a otra agrupación delictiva de San Martín conocida como La Nueva Generación. Por estos hechos, ya existían condenas previas:
Franco Ariel González, “Chorico”: 8 meses de prisión efectiva.
Jonathan Mauricio González: 6 meses de prisión efectiva mediante acuerdo.
Marcelo Gerardo González Pereyra, “Puchi”: probation.
Fernando Nicolás Moya: probation por falta de antecedentes condenatorios.
Iván Andrés Dávila Yafar: 1 año de prisión, unificado en una condena de 3 años.
Facundo Ezequiel Asís Guevara: 6 meses de prisión condicional.
Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: 6 meses de prisión efectiva.
Con esta nueva investigación, la trama se amplió y alcanzó a miembros judiciales y policiales que habrían colaborado con la organización delictiva mediante filtraciones de información clave