El pasado viernes y durante la jornada del sábado, personal de UFI Genérica detuvo a dos personas y los acusó de ser los autores de la amenaza de bomba contra el Centro Cívico que hubo el pasado 16 de septiembre. Los dos acusados seguirán presos hasta el martes 30 de septiembre a primera hora, donde se retomará la audiencia ya que hay un principio de acuerdo de juicio abreviado entre las partes.
La Fiscalía de Estado se presentó como querellante e insistió que además de la condena -si es que se llega a un acuerdo-, estos sujetos paguen lo que salió monetariamente la activación del protocolo en el lugar. Cifra que va desde los $4.000.000 (procedimiento estándar) hasta más alto.
Fuentes del caso expresaron a este diario que no creen que dé a lugar al pedido de la Fiscalía de Estado, ya que es algo que debe tratar en la Justicia Civil. Sobre el acuerdo del abreviado no dieron a conocer los términos, pero en principio sería por el mínimo de la pena, que es de 2 años de prisión condicional.
Las personas que fueron aprehendidas por esta amenaza de bomba son Carlos Cabaña y Hugo Sebastián Castro. Estos están acusados del llamado intimidatorio hacia el Centro Cívico del último 16 de septiembre. Este diario pudo saber que ambos son compañeros de trabajo y al parecer ocurrió en un contexto de una broma.
El caso recayó en manos del fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez de UFI Genérica. La defensa está representada de la defensora oficial Nielson, su cliente es Castro, y el abogado particular Morán, Carlos Cabaña.