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SUSCRIBITEEl 17 de abril de 2001, el inmueble de calle Rivadavia se convirtió en escenario de una toma de rehenes que mantuvo en vilo a toda la provincia. Hoy, 24 años después, aquel episodio sigue siendo uno de los más recordados de la crónica policial local, no solo por la violencia y el nivel de tensión que generó, sino porque pudo haber terminado en tragedia.
Han pasado 24 años, pero la imagen de ese mediodía caótico aún persiste en la memoria colectiva de los sanjuaninos. Los disparos, la tensión en las calles y la angustia marcaron un antes y un después en la historia de los pasillos de Tribunales de San Juan.
El 17 de abril de 2001, el inmueble de calle Rivadavia se convirtió en escenario de una toma de rehenes que mantuvo en vilo a toda la provincia. Hoy, 24 años después, aquel episodio sigue siendo uno de los más recordados de la crónica policial local, no solo por la violencia y el nivel de tensión que generó, sino porque pudo haber terminado en tragedia.
Todo ocurrió en el subsuelo del edificio judicial, donde funcionaba la antigua alcaidía. Tres presos liderados por Daniel Alberto “El Sandro” Almeida —uno de los delincuentes más peligrosos de la época— redujeron a varios custodios, se apoderaron de armas y retuvieron a cuatro funcionarios entre policías y penitenciarios. Durante más de 10 horas, la tensión creció minuto a minuto. Afortunadamente, y contra todos los pronósticos, la crisis terminó sin derramamiento de sangre.
Aquel martes, poco después del mediodía, Almeida ejecutó un movimiento que tomó por sorpresa a los guardias: sacó un arma calibre .22, tomó del cuello a un policía y lo usó como escudo humano. En cuestión de segundos, sus cómplices Marcelo Noriega y Raúl Carmona se sumaron a la revuelta y redujeron a los otros custodios presentes. Solo un efectivo logró escapar, dar aviso y permitir que se bloquearan los accesos al edificio.
El edificio judicial se encontraba casi vacío, ya que muchos empleados y público se habían retirado tras el horario de atención. Esa circunstancia evitó un escenario aún más caótico. Sin embargo, unos 20 detenidos permanecían dentro, rodeados de gritos, disparos intimidatorios y amenazas. Los reclusos exigían un juez, periodistas, armas, chalecos antibalas y un vehículo para escapar. Querían repetir la fuga masiva de noviembre de 1999, en la que algunos de ellos habían participado.
La toma de rehenes se convirtió en noticia nacional. Afuera, la Policía montó un impresionante operativo. Escuelas cercanas fueron evacuadas, agentes de civil recorrían los alrededores y el propio gobernador de la época, Alfredo Avelín, seguía el minuto a minuto de la situación. La ciudad se paralizó.
Con el paso de las horas, los captores comenzaron a mostrarse agotados. El punto de inflexión llegó cuando uno de los rehenes sufrió una descompensación cardíaca y fue liberado. Esa decisión dejó al descubierto que los reos no estaban decididos a llegar hasta las últimas consecuencias.
Desde una improvisada sala de operaciones en el subsuelo, un negociador dialogaba constantemente con los detenidos, mientras el juez Eugenio Barbera y el ministro de Gobierno, Adolfo Colombo, monitoreaban el avance del operativo. En paralelo, se recurrió a una figura clave: Juana Jofré, referente de la Comisión de Madres del Penal de Chimbas, quien logró hablar por teléfono con los captores y apeló a su costado humano. Incluso la madre de Almeida intervino, alentada por el propio gobernador.
Pasadas las 20, llegó una señal de distensión: los presos anunciaron que no querían regresar al penal, pero ya no hablaban de armas ni de fuga. Solo pedían garantías para no ser agredidos. El mensaje fue claro: estaban listos para rendirse.
A la medianoche, Almeida, Noriega y Carmona salieron escoltados por grupos especiales de la Policía. El conflicto se resolvió sin víctimas fatales y con un enorme alivio social.
En 2002, los tres reos fueron condenados por la toma de rehenes. Carmona recibió una pena de 3 años y 6 meses; Almeida y Noriega, 25 años. Hoy, Carmona está en libertad, mientras que Noriega goza de salidas transitorias. Muy distinto es el destino de “El Sandro” Almeida, quien cumple reclusión en el penal de máxima seguridad de Almafuerte, en Mendoza, bajo condena perpetua tras ser hallado culpable del asesinato de un policía en 1999.
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