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SUSCRIBITE Uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en San Juan que involucra a un empresario de la noche sanjuanina, quien fue denunciado por su ex mujer y madre de sus dos hijos por amenazas y quedó detenido por violar las restricciones perimetrales impuestas por la Justicia, tuvo una nueva resolución que se dio a conocer -precisamente- en el Día de la Mujer.
Se trata del dueño de bares y boliches Diego Luis Uñates, quien permanece preso en el Servicio Penitenciario y que mediante su defensa había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, desde la Fiscalía denegaron el pedido basados en los exámenes médicos que se le practicaron y que ninguno sugiere que esté complicado para continuar tras las rejas en el Penal de Chimbas.
Fuentes judiciales revelaron que a Uñates -con varias causas en la Justicia Penal- lo revisó un cuerpo médico que indicó "que no presenta sintomatología de patologías considerando que puede seguir detenido, teniendo los controles médicos correspondientes".
Asimismo, del control psiquiátrico se desprendió que "su discurso tiene un sesgo manipulativo con la finalidad de mejorar su situación procesal". Incluso en los fundamentos de la denegatoria sostienen que su misma personalidad es un peligro inminente para recibir tal beneficio. "Dado sus rasgos de personalidad psicóticos, entre ellos su tendencia a la transgresión y no aceptar límites, consideramos poco probable que respete los términos de una prisión domiciliaria", argumenta el documento.
El escándalo con el empresario bolichero estalló cuando en 2017 escrachó a su ex mujer en su lugar de trabajo, un jardín maternal, difamándola como abusadora de menores entre otras graves acusaciones. El caso tomó fuerzas con las diversas denuncias que se radicaron en su contra por violencia de género, amenazas, extorsión, desacato y demás acusaciones.
En octubre de 2018, la Cámara Penal dictó falta de mérito para Uñates en dos causas, pero continuó privado de su libertad por violar la perimetral. El fallo provocó grandes repercusiones en las redes sociales, que se mostraron en contra de la decisión judicial. Además, afronta cargos por insolvencia fraudulenta por no pagar la cuota alimentaria correspondiente a sus hijos.