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SUSCRIBITEEl Instituto Argentino de Derecho para la Minería afirmó que la adecuación de la Ley de Glaciares preservará los glaciares y reservas de agua.
Las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación.
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) salió a respaldar el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares que se discute en el Congreso de la Nación y sostuvo que la iniciativa no implica un retroceso en materia ambiental, sino una oportunidad para fortalecer la protección con reglas más claras y previsibles.
A través de un comunicado, la entidad señaló que la actual Ley 26.639 presenta definiciones imprecisas que, en la práctica, derivaron en interpretaciones dispares, conflictos de competencias y un escenario de incertidumbre jurídica.
Agregó que esta situación afecta tanto a las autoridades provinciales encargadas de aplicar la norma como a las inversiones productivas de largo plazo.
El instituto remarcó que una protección ambiental efectiva debe basarse en normas claras y precisas, y que mejorar la definición de conceptos no significa reducir los niveles de cuidado, sino hacer más eficaz la tutela de los glaciares y de las geoformas periglaciares que cumplen una función hídrica.
El comunicado también puso el foco en el esquema federal. Recordó que la Constitución Nacional habilita al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, pero subrayó que las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales.
Por eso, consideró clave que el proyecto contemple una participación activa de los gobiernos provinciales en la aplicación de la ley.
Desde el IADEM aclararon que esta mayor intervención de las provincias no habilita decisiones discrecionales ni contradice la normativa federal, sino que debe darse en armonía con los presupuestos mínimos ambientales establecidos a nivel nacional.
Finalmente, el instituto afirmó que la sanción de la adecuación de la Ley de Glaciares permitiría superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer el federalismo ambiental, sin contraponer el desarrollo productivo con la protección del ambiente.