Luego de que Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, pidiera formalmente al presidente Javier Milei ser mantenido en su cargo, el Gobierno Nacional aprobó su requerimiento y envió al Senado el pliego. La novedad se conoció a través de un medio nacional que confirmó el envío de 33 nuevos pliegos a la Cámara Alta, entre los que se encuentra la solicitud del juez sanjuanino.
La movida del magistrado responde a la necesidad de sortear el límite de 75 años que establece la Constitución Nacional, una barrera que extingue la estabilidad absoluta de los jueces federales a menos que obtengan un nuevo nombramiento. La decisión había quedado supeditada a la voluntad política del mandatario nacional, quien le dio luz verde a su permanencia.
Ahora, lo que espera el magistrado de la Justicia Federal es obtener la mayoría de los votos para continuar por cinco años más, tal como lo establecen las legislaciones y el artículo 99 de la Constitución Nacional. El pliego se remitirá a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.
Allí, el juez deberá someterse a una audiencia pública y obtener el voto de la mayoría absoluta de los presentes en el recinto para que se dicte el decreto de nuevo nombramiento. Es vital que este trámite concluya antes de que el magistrado cumpla los 75 años, ya que de lo contrario el cargo quedará vacante de forma automática.
El escenario podría ser propicio para la continuidad de Rago Gallo debido a su cercanía histórica con la senadora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y pieza clave en el armado político de Javier Milei. El propio juez manifestó hace unos años públicamente su sintonía con las políticas de seguridad nacionales, afirmando en su momento que "con este gobierno todo ha cambiado para mejor" y destacando que Bullrich estaba conforme con los resultados de su trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Este vínculo político resulta determinante, ya que el acuerdo en la Cámara Alta depende de las alianzas y el respaldo que el Ejecutivo nacional esté dispuesto a traccionar para sus candidatos.
El cargo en disputa es estratégico dentro del organigrama institucional. Al frente del Juzgado de primera instancia, Rago Gallo tiene bajo su responsabilidad la resolución de expedientes sensibles en materia penal, tributaria, previsional y contencioso administrativa. Se trata de una silla de poder real que procesa desde grandes causas por narcotráfico y evasión fiscal hasta reclamos de jubilados contra el Estado, lo que convierte a su titular en un actor central de la vida pública y económica de la región.
Rago Gallo es conocido en San Juan por su disposición a cultivar un perfil alto y realizar declaraciones altisonantes. A diferencia de la discreción habitual de otros magistrados, al menos hasta hace unos atrás solía aparecer en los medios y no ocultaba en el pasado sus simpatías políticas, especialmente cuando estuvo el macrismo en el poder.
Entre sus antecedentes figuran episodios de gran impacto público, como el haber estado bajo la lupa del Consejo de la Magistratura en 2013 tras autorizar el traslado de dos célebres condenados por delitos de lesa humanidad que terminaron fugándose del hospital, como son Olivera y De Marchi, aunque finalmente fue eximido de cargos en 2016. Luego cobró notoriedad por dictar una millonaria condena contra el Banco de San Juan, fallo que generó fuertes críticas por parte de la entonces administración provincial, que lo acusó de falta de imparcialidad.