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SUSCRIBITELa decisión nacional de darle prioridad de uso a Vicuña sobre la línea de 500 kV desató una ola de rechazos. Reguladores, municipios y empresas mineras alertaron por un posible monopolio del transporte eléctrico y reclaman reglas claras para el acceso.
Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. Hay ocho actores que desafían el esquema que el ENRE le concedió a la minera Vicuña Argentina SA
La decisión del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) de permitir a Vicuña Argentina ampliar y potenciar con su plata, la única línea de alta tensión que hay en San Juan -el tendido de 500 kV Nueva San Juan -Rodeo-, a cambio de quedarse con el control prioritario de gran parte de la energía desató un feroz bloque de resistencia nunca antes visto.
Un total de ocho actores -desde el organismo regulador provincial, empresas mineras y municipios y hasta el gobierno de La Rioja- realizaron presentaciones oponiéndose al esquema nacional.
La disputa escaló a un conflicto técnico, económico y político que hoy enfrenta al megaproyecto de cobre Vicuña (de Lundin y BHP) con un frente que no está dispuestos a ceder terreno. En juego no hay solo megavatios, sino también condiciones de competencia y uso de energía para los próximos años.
Por esa resistencia justamente es que el ENRE publicó el 23 de abril pasado la resolución 219/2026 donde convoca a una audiencia pública el 3 de junio próximo para tratar la solicitud de acceso a la capacidad de transporte eléctrico y obras de ampliación para el complejo minero Josemaría (fase 1), el proyecto que junto a Filo del Sol conforma Vicuña. En esa audiencia se intentará dirimir estas tensiones y garantizar una distribución equitativa del recurso.
Esa norma desnuda, además; el complejo conflicto legal y técnico que desencadenó la concesión de prioridad de uso eléctrico de la línea de alta tensión sanjuanina.
Todo arrancó el 18 de febrero pasado, cuando el ENRE publicó la Resolución N° 79/2026 que concede a la minera Vicuña la prioridad de uso por 25 años de hasta el 90% de la capacidad de transporte excedente en la línea de 500 kV que conecta la estación transformadora Nueva San Juan con Rodeo, en Iglesia,
Esa línea hoy funciona solo en 132 kV y la minera operada por BHP y Lundin ofreció millones de dólares para repotenciarla a 500 kV, e incluso ampliarla. La alarma fue inmediata y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad sanjuanino -el EPRE- fue el primero en resistir la resolución.
Le siguieron distintos sectores privados que temen que esa prioridad se traduzca en los hechos en un control dominante sobre una infraestructura energética considerada estratégica para el desarrollo minero e industrial de la provincia.
Además, logró algo poco habitual en el ecosistema minero y energético local: alinear, aunque sea por distintos motivos, a reguladores, empresas y municipios en un mismo frente de resistencia.
Entre las críticas más severas destacan la falta de cláusulas de liberación de capacidad no utilizada por la minera, y la exigencia de que la empresa como beneficiario no iniciador, debe pagar por la infraestructura que ya está construida con fondos públicos y de los sanjuaninos.
Según detalla la Resolución 219 hay ocho actores que presentaron oposiciones formales a la medida: dos provinciales, el Epre de San Juan y la secretaria de Energía de La Rioja; tres mineras -Los Azules, Casposo y Hualilan- y tres municipios, Jáchal, Iglesia y Calingasta. Con matices, a continuación, están cada uno de los argumentos:
*EPRE San Juan (Ente Provincial Regulador de la Electricidad): Argumenta la necesidad de resguardar los derechos de los usuarios y el plan de expansión de infraestructura eléctrica provincial. Sostiene que Vicuña es un "beneficiario no iniciador" de la línea 500 kV San Juan-Rodeo y por ello debe adquirir los Derechos Financieros de la Ampliación de la Provincia de San Juan antes de cualquier autorización.
Es decir, pagar la parte del tramo de la infraestructura eléctrica ya construida. Además, exige estudios técnicos adicionales para asegurar que el abastecimiento de la provincia no se vea afectado. También pide que cualquier requerimiento de Vicuña se sustente en ampliaciones específicas financiadas por la empresa.
*Secretaría de Energía de La Rioja: Se opone hasta tanto la minera Vicuña derrame inversión en infraestructura en esa provincia: quiere que la minera asuma el compromiso de costear las obras de adecuación necesarias para garantizar la futura interconexión de 500 kV con La Rioja.
*Los Azules (Andes Corporación Minera S.A.): La principal denuncia es que el cálculo de capacidad de 854 MVA para el corredor Nueva San Juan – Rodeo cuando opere en 500 kV en su totalidad fue mal calculado porque se basa en una "potencia infinita" irreal. Según sus estudios, la capacidad real es menor, de entre 645-745 MVA. Bajo esta realidad técnica, la prioridad del 90% del excedente de uso otorgada a Vicuña no representaría el 71% del total de la energía, sino que consumiría el 84,6% de la capacidad real del corredor, dejando un margen ínfimo para el resto de los proyectos mineros de San Juan. La empresa denunció que esta medida ignora su propia inversión de U$S 2.672 millones, ya protegida por el régimen nacional RIGI.
Sostiene que el tramo Nueva San Juan-Rodeo es infraestructura preexistente pagada con fondos públicos, por lo que no corresponde aplicarle el régimen de prioridad como si fuera una obra nueva. Califica de irrazonable el plazo de 25 años y critica la falta de cláusulas de liberación de capacidad no utilizada ("use it or lose it").
Además, cuestiona la unificación de dos proyectos (Josemaría y Filo del Sol) con distintos niveles de madurez en una sola solicitud. Esto último fue reparado hace poco mediante una resolución den ENRE que indicó que el beneficio otorgado es solo para el proyecto Josemaría.
*Hualilán (Golden Mining S.A.): este proyecto ubicado en Ullum, de la australiana Challenger Gold, y cuyo principal accionista es el multimillonario Eduardo Elsztain, afirma que la prioridad afectaría la disponibilidad futura para su proyecto, que ya cuenta con aprobación ambiental de producción.
En ese sentido señala que solo una fracción reducida de capacidad quedaría para nuevos usuarios, restringiendo el desarrollo industrial y minero regional. Y sostiene que se vulnera el principio de acceso abierto, transparente y no discriminatorio.
*Casposo Argentina Ltd.: esta mina de Calingasta, propiedad de Eduardo Elsztain, indicó en su presentación que se opone porque quiere proteger la reserva de 20 MW para su emprendimiento, establecida por leyes provinciales. Además, coincide con el EPRE en que Vicuña debe ser considerada "beneficiario no iniciador" y pagar por los derechos financieros de la línea.
*Municipalidad de Jáchal: Exige el respeto al acceso abierto, que no se generen barreras de ingreso y que existan cláusulas de liberación de capacidad no utilizada.
Exige que se garantice el acceso abierto de otras industrias, sin barreras de ingreso, que se delimite correctamente la capacidad del remanente que queda como prioridad para Vicuña y que existan cláusulas de liberación de capacidad no utilizada.
*Municipalidad de Iglesia: Adhiere a la postura del EPRE San Juan y solicita que se considere la planificación energética provincial y el interés público comprometido en el desarrollo equilibrado de la región.
*Municipalidad de Calingasta: Solicitó formalmente la suspensión de la resolución previa (ENRE 79/2026) y requirió que la audiencia pública se realice en su departamento.
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