Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITETras la decisión de la Nación de otorgar prioridad a la minera Vicuña sobre la capacidad remanente del tendido por 25 años, crece el rechazo en San Juan. Ayer se quejó el EPRE. Ahora intendentes y empresas del sector preparan recursos para frenar la medida.
La línea eléctrica de 500 kV es una infraestructura clave para el sistema energético de San Juan y quedó en el centro de una fuerte polémica tras una decisión del Gobierno nacional.
Tras conocerse que la Nación otorgó a la empresa minera Vicuña -operadora de Josemaría y Filo del Sol) la prioridad y el control sobre la capacidad de transporte remanente de la Línea eléctrica de 500 kV por 25 años, se espera una avalancha de recursos legales para frenar la medida desde varios frentes.
El primero en salir al cruce fue el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que rechazó la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y pidió que el tema se discuta en una audiencia pública en San Juan. A ese planteo ahora se suman intendentes y empresas mineras competidoras, que hablan de un “avasallamiento” sobre una infraestructura que fue financiada por los sanjuaninos.
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como un golpe directo al desarrollo de los departamentos del norte. "Lo tomamos como un avasallamiento hacia nuestro lugar", afirmó este jueves en Radio Sarmiento, advirtiendo que la decisión pone en jaque inversiones millonarias ya aprobadas y el futuro suministro de las poblaciones locales. Es que para cualquier obra se tendrá que pedir permiso a Vicuña para usar la línea eléctrica.
El jefe comunal confirmó que están elaborando un recurso de amparo y una medida cautelar de "no innovar" que será presentada a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) entre este viernes y las primeras dos horas del lunes, antes de que se venzan los plazos legales.
Por su parte, fuentes confirmaron a Tiempo de San Juan que la Municipalidad de Iglesia también se encuentra en pleno análisis técnico y legal. Sus asesores abogados están evaluando si la medida más pertinente es un recurso de amparo u otra presentación similar, mientras solicitan información adicional a los entes gubernamentales de la provincia. Hasta el momento, el departamento de Jáchal no ha emitido una respuesta oficial, aunque se espera que actúe en consonancia con sus pares.
El conflicto ha fracturado la unidad del sector minero sanjuanino. Operadores de proyectos de gran escala como Los Azules, El Pachón y algún otro podrían verse afectado si el 90% de la capacidad de la línea queda bajo la órbita de otra empresa minera. Fuentes del sector califican el mecanismo como un "monopolio" de infraestructura eléctrica.
El malestar es tal que algunas versiones indicaron en voz baja que altos ejecutivos de Vicuña intentaron, sin éxito, dialogar con al menos una compañía para frenar las presentaciones legales. Las empresas argumentan que, bajo este nuevo esquema, tendrían que "pedir permiso" a su competidor para acceder a la energía necesaria para sus proyectos, lo que violaría principios de libre acceso y razonabilidad.
No se sabe si Glencore, operadora de El Pachón, se unirá a las presentaciones ya que aseguran que analiza construir su propia línea desde Mendoza para bajar costos.
El eje central del reclamo del EPRE como de los municipios es que la línea de 500 kV, que se extiende desde la estación Nueva San Juan hasta Rodeo, fue construida con fondos provinciales y aportes de los usuarios a través de sus facturas eléctricas.
El intendente Carbajal recordó que existen alternativas técnicas que Vicuña podría haber explorado sin afectar el sistema local, como una línea binacional desde los proyectos Caserones o Los Helados en Chile, similar al modelo que utiliza Veladero. "No entendemos por qué se avasalla la línea de 500 cuando se puede tener una solución a través de otras líneas", cuestionó el intendente.
La resolución 079/26 del ENRE es vista como una amenaza a la seguridad del servicio. Calingasta ya ha sufrido cientos de microcortes desde diciembre, y temen que otorgar la prioridad a una minera agrave la situación.
Con el apoyo de los legisladores provinciales y nacionales, los actores afectados buscarán que el tema se discuta en una audiencia pública en territorio sanjuanino, respetando la jurisdicción del EPRE.
Esta mañana la diputada nacional oficialista Nancy Picón dijo que defenderá los intereses de los sanjuaninos junto al gobernador Orrego. El fiscal de Estado Sebastián Dávila por su parte dijo que “siempre representamos al EPRE, pero hasta el momento no se han comunicado con nosotros”.
El reloj corre: los equipos legales trabajan contra reloj para presentar las objeciones antes del vencimiento de los plazos legales, en lo que promete ser una batalla judicial clave para el mapa energético y minero de la provincia