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SUSCRIBITELos letrados defensores solicitaron una supuesta solución con una reparación integral a favor del damnificado, el camionero de Salta que le quitaron los millones de pesos. Según fuentes del caso, el trato era pagarle alrededor de 30.000 dólares.
Este jueves se retomó la audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) en contra de los cuatro policías federales acusados de quedarse con $20.000.000 de un camionero oriundo de Salta. En primera instancia, los abogados defensores de los acusados presentaron al tribunal colegiado el acuerdo de solución alternativa. Según dijeron fuentes del caso, estos presentaron un acuerdo contra el denunciante otorgándole alrededor de 30.000 dólares.
Este acuerdo fue presentado a los jueces Hugo Echegaray (presidente), Daniel Doffo y Carolina Pereira y estos resolvieron rechazarlo. Ante esta resolución, el presidente del tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, 9 de marzo, para que comience el debate oral y público contra el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante.
Cabe destacar que la Fiscalía, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, ya había mostrado su negativa a este acuerdo el miércoles y lo ratificó este jueves.
El juicio iba a comenzar este miércoles, pero el inicio se vio frustrado por esta petición de reparación integral que hicieron en conjunto los abogados Jorge Olivera Legleu, Leonardo Miranda y Fernando Bueno de la Cruz. Luego de su presentación, los jueces resolvieron suspender hasta este jueves para que la defensa realizara por escrito el acuerdo y sea presentado.
La acusación
Según la acusación del fiscal federal Fernando Alcaraz, el hecho se originó la noche del 23 de abril de 2024 cuando efectivos de la Policía Federal se presentaron en el control fitosanitario de Vallecito, sobre la Ruta Nacional 141, y anunciaron que realizarían controles vehiculares. La presencia fue registrada por los trabajadores del puesto sanitario, aunque no existía orden judicial ni comunicación previa a autoridades.
En la madrugada del 24 de abril, alrededor de las 00.40, ingresó al control un camión Volvo conducido por Isaías Eusebio Arce, quien viajaba desde Tucumán hacia Mendoza. Tras pagar el ticket sanitario y avanzar unos metros, el chofer fue interceptado por los policías, que revisaron la cabina y hallaron varias bolsas con dinero en efectivo. Según la investigación, se trataba de $31.000.000 que el dueño del camión, Florentino Condorí Carreño, le había entregado para pagar proveedores en Mendoza.
Siempre de acuerdo con la acusación fiscal, durante el procedimiento los efectivos intimidaron al conductor, revisaron su teléfono celular y le informaron que solo podía continuar viaje con $11.000.000, mientras que los $20.000.000 restantes serían secuestrados. Sin embargo, ese dinero nunca fue registrado en ningún expediente judicial ni policial. Al día siguiente, Condorí Carreño se presentó en el Juzgado Federal de San Juan para reclamar el dinero y allí le confirmaron que no existía ningún procedimiento, lo que derivó en la denuncia que dio inicio a la investigación.