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SUSCRIBITEEl aumento del endeudamiento y la rescisión anticipada de contratos encendieron alarmas en el mercado inmobiliario sanjuanino. Referentes del sector y agrupaciones de inquilinos advierten que cada vez más familias tienen dificultades para afrontar alquileres y servicios básicos. Cuánto cuesta alquilar en la provincia.
El mercado de alquileres en San Juan atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, indicaron desde el sector inmobiliario. En medio de una economía marcada por la pérdida del poder adquisitivo, referentes del rubro y agrupaciones de inquilinos coinciden en que hay dos indicadores que comenzaron a encender alarmas durante los primeros meses de 2026: el crecimiento del endeudamiento de quienes alquilan y el fuerte aumento en la rescisión de contratos.
Aunque todavía no existen estadísticas oficiales provinciales sobre morosidad, desde el sector inmobiliario reconocieron a Tiempo de San Juan que la situación se volvió cada vez más compleja. Según indicaron, comenzó a registrarse un incremento en los atrasos vinculados no sólo al pago de alquileres, sino también de servicios básicos, en un contexto donde muchas familias priorizan gastos esenciales como alimentos, medicamentos o transporte.
En paralelo, desde la Asociación de Inquilinos local advirtieron que el problema no es nuevo, aunque sí se profundizó durante los últimos meses. Aseguran que la falta de empleo, la caída de ingresos y el nivel de endeudamiento están empujando a muchos hogares a abandonar contratos antes de tiempo.
Fuentes ligadas al mercado inmobiliario señalaron que actualmente existe una preocupación creciente por los niveles de incumplimiento. Explicaron que muchas familias ya no logran cubrir todas sus obligaciones mensuales y terminan dejando para después el pago de alquileres o servicios.
Desde el sector remarcaron que todavía no cuentan con estadísticas concretas sobre morosidad en San Juan, aunque reconocen que el fenómeno se percibe cada vez con mayor frecuencia en las inmobiliarias. También señalaron que la situación económica general impacta directamente en la capacidad de pago de los inquilinos.
La problemática no aparece aislada. Ya hacia fines del año pasado algunos relevamientos nacionales advertían un aumento de la conflictividad en los alquileres. En ese momento, referentes inmobiliarios vinculados a estadísticas federales hablaban de un incremento en los casos de impago respecto de años anteriores, aunque desde otros sectores del rubro relativizaban que existiera una crisis generalizada.
Ahora, con el avance de 2026, el escenario parece haber ganado tensión. El aumento de gastos fijos y el deterioro de los salarios comenzaron a sentirse con más fuerza en los contratos habitacionales.
Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones de inquilinos es el crecimiento de las rescisiones anticipadas. Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, manifestó a este diario que la situación está complicada y aseguró que el endeudamiento es grave.
Según expresó, la falta de empleo y la rescisión de contratos aparecen hoy como los principales problemas que atraviesan los inquilinos. En ese sentido, indicó que la crisis lleva al menos dos años, aunque sostuvo que durante los últimos meses el deterioro se profundizó.
De acuerdo con un registro nacional con base en la región de Cuyo, alrededor de 4 de cada 10 inquilinos habrían rescindido contratos de manera anticipada. El dato refleja un fenómeno que empezó a hacerse visible en distintas provincias y que, según referentes del sector, ya impacta también en San Juan.
Detrás de esas rescisiones aparecen distintas causas: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener aumentos, endeudamiento acumulado o incluso mudanzas hacia viviendas más económicas y compartidas.
El contexto económico se vuelve todavía más complejo cuando se observan los valores actuales del mercado. Según datos aportados por referentes inmobiliarios y organizaciones vinculadas al sector, un monoambiente en San Juan se ubica actualmente entre los 350 mil y los 400 mil pesos mensuales.
En el caso de los departamentos de dos ambientes, los precios rondan entre 400 mil y 500 mil pesos. Las casas, por su parte, superan los 600 mil pesos mensuales, aunque desde el mercado reconocen que hay poca oferta disponible.
En algunos segmentos, sobre todo casas amplias o ubicadas en barrios privados, propietarios comenzaron a fijar valores elevados con la expectativa de captar demanda vinculada a la minería. Sin embargo, desde el propio sector reconocieron que esos contratos tampoco abundan y que muchas viviendas permanecen vacías durante semanas o incluso meses.
Al mismo tiempo, los alquileres considerados “más accesibles”, como monoambientes o departamentos pequeños, también comenzaron a mostrar dificultades para cerrarse, justamente por la caída del poder adquisitivo.
Aunque la Ley de Alquileres fue derogada hace más de un año, los contratos de locación continúan regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto implica que un propietario no puede desalojar automáticamente a un inquilino por falta de pago sin antes cumplir determinados pasos legales.
La normativa establece que, antes de iniciar una demanda judicial de desalojo, el locador debe intimar formalmente al inquilino para que regularice la deuda. Esa intimación debe realizarse por escrito, detallar el monto adeudado y otorgar un plazo concreto para el pago.
Si el inquilino cancela la deuda dentro de ese período, el proceso queda frenado y el contrato continúa vigente. Sólo en caso de incumplimiento posterior el propietario queda habilitado para avanzar judicialmente.
Además, la legislación contempla otras causales para rescindir contratos, como abandono del inmueble, uso indebido de la propiedad o falta de conservación adecuada. Del lado de los inquilinos, también existe la posibilidad de finalizar contratos anticipadamente bajo determinadas condiciones.