La creciente molestia entre los empresarios mineros sanjuaninos volvió a manifestarse con fuerza en torno al proyecto de cobre binacional Vicuña, esta vez con un reclamo concreto por parte de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), que denuncia la falta de información y la exclusión de empresas locales en favor de firmas chilenas.
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, cuestionó la ausencia de respuestas por parte de la empresa a cargo del proyecto, pese a haber solicitado un informe formal semanas atrás. “Nos prometieron información, pero no pasó nada. El gobierno tiene que ponerle el cascabel al gato”, dijo en declaraciones al diario Nuevo Mundo.
Este pedido fue transmitido por el presidente de la cámara al Country Manager de Vicuña, Jose Morea en un reunion realizada en un hotel sanjuanino a principios de agosto.
Godoy volvió a reiterar que ya se han detectado al menos cinco empresas chilenas prestando servicios logísticos en el proyecto —principalmente en transporte y alquiler de camionetas—, y aunque reconoció que su presencia se ampara en el Tratado Minero Binacional, se preguntó si realmente aportan al desarrollo económico de San Juan. “Son empresas golondrinas que pasan por la Ruta 40 y se van. Nosotros estamos acá, sostenemos la actividad en las buenas y en las malas", remarcó.
Competencia desleal
Desde CAPRIMSA también alertan sobre una creciente competencia desleal debido a las diferencias de costos estructurales entre ambos países. “Una camioneta chilena alquilada cuesta mucho menos que una argentina. Las tasas de crédito, los impuestos, todo juega en contra del proveedor local”, explicó Godoy.
El malestar se profundiza por la falta de contratos y la escasa claridad sobre los avances reales del proyecto Vicuña, que incluye a los proyectos Josemaría y Filo del Sol, a traves de un Joint Venture entre las poderosas BHP y Lundin. “Estamos retrocediendo. Si no se corrige, vamos a tener un conflicto socio-empresarial que golpeará la licencia social”, advirtió el dirigente.
El reclamo por la falta de contratos apunta tanto a la empresa minera como al Gobierno provincial, al que le exigen una intervención activa para garantizar condiciones equitativas para las empresas sanjuaninas.