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SUSCRIBITELa prioridad de uso de la capacidad eléctrica que la Nación otorgó al megaproyecto Vicuña en San Juan encendió un fuerte malestar en el sector y abrió un frente de disputa con Los Azules.
Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes.
En los despachos más encumbrados del sector minero sanjuanino, aseguran que por estos días no se habla de otra cosa. La Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que le otorgó al megaproyecto Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de San Juan por los próximos 25 años ha generado una verdadera batalla por el control de la energía en la cordillera.
En la Cámara Minera que agrupa a las empresas operadores no hay declaraciones oficiales, y aunque intentan poner paños fríos, los roces entre dos empresas -Vicuña y Los Azules- son evidentes.
"No hay grieta, hay falta de gimnasia en planificación y estamos ante un escenario nuevo", repite como un mantra un referente que camina los pasillos de la cámara. Pero puertas adentro reconocen que el clima está espeso.
El eje del conflicto es la línea de 500 kV, una obra de infraestructura clave para que los grandes proyectos de cobre sanjuaninos puedan funcionar. El estado nacional bajo la gestión de Milei dejó de financiar la obra pública, incluidas las líneas eléctricas y desreguló el mercado. Ante la ausencia estatal, Vicuña (que integra a los proyectos Josemaría y Filo del Sol) decidió tomar la iniciativa.
Amparados en las reformas de la Ley Bases y el Decreto 450, propusieron desembolsar entre 400 y 500 millones de dólares para readecuar la estación transformadora Nueva San Juan a 500 kV, montar una ET cero kilómetro de 500 en Rodeo y construir desde allí una línea que llegue hasta sus proyectos.
El "premio" por poner la plata es la prioridad de despacho sobre esa nueva capacidad, tal como dice el nuevo decreto nacional. Y ahí es donde saltaron las chispas. En Los Azules no tienen reparos en que usen la linea que ellos mismos construyan para su proyecto, pero rechazan que la Nación les entregue prioridad de uso sobre el total de la línea que se construyó con fondos de los sanjuaninos.
Desde el entorno de Los Azules, el malestar no se ocultó. Ya presentaron una oposición formal contra la resolución 079/26, argumentando que se le otorga una "ventaja desproporcionada" a la operadora de Vicuña.
En los pasillos se dice que el CEO de Los Azules, Michael Meding, habría tenido un intercambio directo con el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, durante la feria minera de Toronto. Nadie lo confirma oficialmente, pero el comentario corre con insistencia.
No obstante, desde el ambiente empresario local prefieren decir que "los enojos son de las personas y no de las empresas" para evitar que la sangre llegue al río.
"Lo que se está discutiendo es quién tiene la llave de la energía para los próximos 25 años", confesó una fuente de otra operadora que mira la pelea desde la tribuna.
Para Vicuña en cambio, no hay exclusividad, sino un procedimiento técnico lógico: el que invierte en ampliar la red tiene derecho a usar ese "plus" de energía que él mismo generó es lo que piensan.
En el ambiente minero coinciden en que la pelea está, por ahora, circunscripta a estos dos gigantes. "Más jugadores no hay, ni se meten", aseguran por lo bajo, confirmando que el conflicto ha quedado reducido a un "choque" exclusivo entre Vicuña y Los Azules.
El resto de las operadoras ha optado por el silencio o la cautela. Barrick, la gigante que en asociacion con la china Shandong Gold manejan la mina de oro Veladero, evitaron pronunciarse sobre el tema aunque están en la Cámara Minera.
El caso más paradigmático es el de Glencore que tiene en sus manos el proyecto El Pachón: aunque en el sector se rumorea que sus técnicos coinciden con los argumentos de Los Azules, la empresa decidió no alinearse públicamente ni oponerse a la resolución, aunque fue consultada por este medio.
¿La razón? Sus conveniencias técnicas son otras, dicen en el sector, ya que planean construir su propia línea eléctrica independiente y no ven necesidad de "embarrarse" en una disputa que, por ahora, solo les pertenece a sus vecinos de cordillera.
También están los intendentes: Los jefes comunales de Iglesia, Calingasta, Jáchal y Ullum ya se pusieron en estado de alerta o interpusieron acciones, temiendo que la pelea empresarial termine demorando obras clave para sus comunidades.
Y no falta el factor político: algunos operadores advierten que este "chispazo" podría escalar y llegar al Congreso de la Nación. No descartan que algún sector de la oposición decida iniciar un debate regulatorio en poco tiempo.
Más allá de los jugadores de la pelea un operador señaló que lo que ha encendido esta tensión es que el sector enfrenta un escenario inédito. "La plata no está en el Estado, está en las empresas", reconocen en off algunos referentes del sector eléctrico. El problema es cómo coordinar a gigantes mineros que tienen "tiempos diferentes" para proyectos de cobre similares.
Por ahora, la prioridad de uso de la energía en la cordillera sigue siendo para algunos una disputa técnica cargada de "emocionalidad, pero solo de personas”, según su punto de vista. Esta semana el ente regulador local -el EPRE-, que fue el primero que se enfrentó al organismo público nacional y solicitó debatir el asunto en audiencia; confirmó que el ENRE hará una convocatoria pública pronto.
Allí será el próximo round de una batalla que recién comienza y que, en el fondo, define quién controlará la energía necesaria para desarrollar el nuevo ciclo del cobre en San Juan.
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