Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?
Hasta ahora, OSSE ha sido el organismo que envió prueba documental de la mega obra a la Fiscalía. Todo indica que la investigación requerirá el pedido de una prórroga de 90 días hábiles más.
Un nuevo capítulo sumó la denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia por presuntas maniobras ilícitas en la millonaria licitación y obra del Acueducto Gran Tulum, basada en un trabajo periodístico de Tiempo de San Juan. Los fiscales a cargo de la investigación -Francisco Pizarro y Sebastián Gómez- encabezaron una inspección ocular en el ramal principal del acueducto, en Marquesado. Fueron con especialistas y con drones. Hasta ahora, toda la prueba documental que tiene Fiscalía es la aportada por OSSE, pero es inminente la solicitud de información a las empresas intervinientes en la obra y ¿allanamientos?
La denuncia de Arancibia se enfoca en investigar la posible comisión de múltiples delitos contra la administración pública y, sin dar nombres, apunta a hechos cometidos por funcionarios durante las gestiones 2015/2019 y 2019/2023. Entre los delitos que se buscan configurar se encuentran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias, y defraudación al Estado.
Los actos de presunta corrupción se centran en el proceso de licitación para la provisión de las tuberías. La empresa adjudicataria fue Krah América Latina S.A., una firma que estaba vinculada a Gustavo Monti -recientemente fallecido-, primo del ex gobernador Sergio Uñac. Hasta el momento, los fiscales examinan más de 90 cajas de documentos aportados por OSSE. Para ello, cuentan con la asistencia de profesionales como ingenieros y técnicos. Tal como adelantó en Paren las Rotativas el Fiscal General, Guillermo Baigorrí, es muy probable que pidan una prórroga de 90 días hábiles más a los 90 iniciales debido a la complejidad técnica de la investigación.
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A la prueba documental de OSSE, se le suma ahora la información que se desprenda del análisis de la inspección ocular que encabezó Fiscalía este 10 de marzo en el ramal principal de la obra (desde el dique Punta Negra a la planta potabilizadora de Marquesado), que tiene tramos de caños al descubierto y otros bajo tierra. Lo que se intenta determinar es si las tuberías se colocaron donde lo indicaban los planos. Si los caños sirven o no, es otro tema y no se determina con este tipo de inspecciones.
Los fiscales Pizarro y Gómez consiguieron la orden de la jueza Mónica Lucero y armaron el operativo en horas de la mañana. Para inspeccionar, contaron con la colaboración de las empresas intervinientes. Aseguraron que no hubo objeciones de las firmas, muchas de las cuales aún continúan custodiando lo ejecutado.
Ninguna de las empresas vinculadas al proyecto se presentó espontáneamente con documentación, confirmaron los fiscales. ¿Se viene un pedido dirigido específicamente a la parte privada interviniente? Todo indica que sí y no se descartan allanamientos.
Antecedentes
El Acueducto Gran Tulum era una obra estratégica porque iba a proveer de agua al San Juan del millón de habitantes. Fueron dos las licitaciones que ganó Krah para proveer las cañerías del acueducto Gran Tulum: la primera, durante el gobierno de José Luis Gioja -en marzo del 2015-, por 13 kilómetros de tuberías y adjudicada por $61.235.936,21 y la segunda, en junio del 2016 (gestión Uñac) por 56,7 kilómetros de caños por los que la firma ofertó $1.398.126.851,22, $74.040.668,92 por encima del presupuesto oficial.
Las sospechas que generaron la demanda judicial que hizo el abogado Marcelo Arancibia se focalizan en investigar lo que sucedió con la segunda licitación que ganó Krah, empresa que fue observada por su competidora General Plastics por el carácter experimental de las tuberías, según consta en una advertencia que llegó a OSSE antes de la adjudicación, en donde también se menciona que la oferta era superior al presupuesto oficial.
La obra del acueducto se encuentra paralizada por objeciones técnicas, que aún no son resueltas. La Provincia empezó a pagar el año pasado el crédito kuwaití que financió los trabajos -que no están terminados-, según lo informado por el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez.
