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SUSCRIBITELa medida se realizó el pasado lunes y fue autorizada por una jueza de Garantías. En el lugar estuvieron presentes los fiscales que están investigando este hecho.
En un avance clave para la causa denominada "Acueducto Gate", la Fiscalía desplegó este 10 de marzo una inspección ocular en los puntos estratégicos de la obra "Acueducto Gran Tulum". Según fuentes judiciales, la medida fue para verificar el terreno donde ocurrieron las presuntas irregularidades, sobreprecios y desvíos que han puesto bajo la lupa a exfuncionarios y empresas vinculadas al poder político.
La medida contó con la autorización de la jueza de Garantías Mónica Lucero y fue encabezada por el equipo del Ministerio Público Fiscal. Entre los funcionarios presentes estuvieron los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, acompañados por los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.
El itinerario de la inspección fue exhaustivo y siguió la traza del proyecto original para contrastarla con lo ejecutado. El operativo comenzó en el obrador de la UTE encargada de la obra, situado a orillas del paredón del Dique Punta Negra, en Zonda. Luego se desplazó por distintos puntos de la Ruta 12 y se internó en Villa Tacú, específicamente en la zona del cerro donde el proyecto original contemplaba la realización de un túnel, uno de los puntos que genera mayores interrogantes en la investigación.
La jornada continuó en el frente de obra ubicado al costado norte de la Avenida Libertador San Martín, en las cercanías del Cementerio El Mirador, para culminar finalmente en la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Para hacer este relevamiento se trabajó con la Policía Rural que aportó drones para registros aéreos, mientras que personal de la Brigada de Delitos, Policía Científica, la Seccional 14 y técnicos de OSSE prestaron colaboración técnica y logística.
Cabe recordar que el "Acueducto Gate" investiga una presunta red de corrupción que incluye denuncias por abuso de precios y conexiones directas entre firmas ganadoras de licitaciones y familiares de ex altos mandos del Ejecutivo provincial. Con la Fiscalía de Estado ya constituida como parte querellante, esta inspección ocular se vuelve una pieza de prueba fundamental para determinar si lo que se pagó con fondos públicos coincide con la realidad de los caños enterrados.