La conclusión de la certificadora Bureau Veritas es clara: las tuberías no son para transporte de agua. “Están construidas con insumos no aptos para el consumo humano”, indica el informe que pidió OSSE y que será parte de la prueba documental que tendrá Fiscalía. La licitación la ganó la empresa Krah en el 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.