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SUSCRIBITENo se sabe que hizo Glencore. Pero el conflicto por el control de la Línea de 500 kV en San Juan sumó un capítulo clave.
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña.
La disputa por la estratégica línea eléctrica de 500 kV que necesita la nueva generación de proyectos de cobre en San Juan acaba de escalar un nuevo nivel. El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, presentó formalmente su oposición ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la resolución que otorga prioridad a Vicuña Argentina sobre la capacidad de transporte vinculada a esa infraestructura.
La reacción no tardó: desde la compañía controlada por Lundin y BHP salieron a aclarar que no buscan quedarse con la red eléctrica ni tener exclusividad sobre su uso.
La presentación de Los Azules se sumó a la serie de cuestionamientos que ya había iniciado el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y a los reclamos que anticiparon los municipios de Calingasta e Iglesia, que también cuestionan el alcance de la medida nacional.
Con esta oposición formal, las fuentes de Los Azules creen que el ENRE deberá ahora analizar los reclamos y eventualmente convocar a las partes para discutir si corresponde o no mantener la prioridad otorgada.
Según explicaron desde Los Azules, el eje central de la disputa no es la inversión privada en infraestructura eléctrica, sino el alcance de la prioridad que se pretende otorgar.
La compañía sostiene que el ENRE incurrió en una “extralimitación” en la interpretación de la Resolución 311/2025, que regula este tipo de ampliaciones en el sistema de transporte eléctrico. De acuerdo con esa norma, cuando una empresa financia obras para ampliar la red puede obtener prioridad sobre la capacidad adicional que generen esas obras, pero no sobre la infraestructura existente.
“La discusión es si esa prioridad puede utilizarse para acceder a infraestructura que ya existe. Creemos que hay un desvío, reconociéndole a Vicuña una prioridad sobre obras que no construyó”, señalaron desde la compañía.
Desde Los Azules –al igual que el EPRE- remarcan que parte de esa infraestructura fue financiada previamente con aportes públicos y con el pago de los usuarios eléctricos de San Juan.
En el escrito presentado ante el ENRE, la empresa también cuestiona lo que considera una prioridad de uso demasiado amplia, que en la práctica podría otorgar a Vicuña derechos sobre toda la capacidad del sistema y no solo sobre la que generen nuevas inversiones.
Para la operadora del proyecto cuprífero, cualquier expansión del sistema eléctrico debería beneficiar al conjunto de la actividad minera. Según argumentan, permitir que un solo actor concentre esa prioridad podría consolidar una “posición dominante” en el corredor energético, en un momento en que varios proyectos avanzan en paralelo en la cordillera sanjuanina.
Y como parte de su estrategia legal, Los Azules solicitó además que el ENRE convoque a una audiencia pública. El objetivo es revisar tanto la metodología utilizada para calcular la capacidad disponible de la línea como el alcance de la medida adoptada, permitiendo que todos los actores interesados -otras mineras, autoridades provinciales y organismos regulatorios- puedan exponer sus argumentos antes de que la resolución quede firme.
Esta mañana desde Vicuña Argentina respondieron sobre el tema: aclararon que “la publicación del ENRE no implica que la empresa tenga control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte”.
Según explicaron, el sistema eléctrico argentino se rige por el principio de acceso abierto, lo que permite que cualquier proyecto solicite conexión a la red. “Si la capacidad existente no alcanza, los proyectos pueden proponer ampliaciones de la red. En este caso, Vicuña planteó obras de expansión que serían financiadas por el propio proyecto para abastecer su demanda futura”, indicaron desde la compañía.
También remarcaron que la normativa prevé que quien financia una ampliación pueda tener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que genera esa obra, pero aclararon que esa prioridad se limita exclusivamente a esa expansión puntual. “No implica exclusividad sobre la red ni impide que otros proyectos presenten sus propias solicitudes o propongan nuevas ampliaciones”, señalaron.
Sin embargo, esas declaraciones chocan con lo que establece la propia resolución. El 20 de febrero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRE 79/2026, que fija un régimen de prioridad de uso en el sistema de transporte eléctrico vinculado al corredor minero sanjuanino a favor de Vicuña Argentina, específicamente sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV.
En ese marco, la compañía presentó un plan de obras para ampliar y adecuar la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer sus proyectos. Pero la resolución le otorga a Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad remanente del corredor durante al menos 25 años, lo que en la práctica implica que cualquier otro proyecto que quiera conectarse posteriormente deberá hacerlo con autorización o disponibilidad liberada por esa empresa.
La disputa por la línea de 500 kV se ha convertido en uno de los debates energéticos más sensibles del momento para la minería sanjuanina, al punto que ha provocado una fractura en el sector.
Mientras Los Azules, el EPRE y municipios avanzan con sus cuestionamientos, todavía se desconoce la posición que adoptará Glencore, la empresa detrás del proyecto El Pachón, otro de los emprendimientos que podría depender de esa misma red eléctrica.
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