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SUSCRIBITETras dos fallos judiciales adversos, una mujer de 34 años busca que su caso llegue al Congreso. Reclama que el estado civil no sea una carga eterna, sino una elección ligada a la identidad y la dignidad personal.
Marcela Ramírez tiene 34 años y desde hace tres viene reclamando que su documento no la siga definiendo como “divorciada”. Estuvo casada apenas un año, luego de una relación que duró más de una década, y asegura que esa condición civil ya no refleja quién es. La Justicia rechazó dos veces su planteo, pero ahora busca que el debate llegue al Congreso.
“¿Por qué tengo que seguir atada a una palabra que me vincula con alguien que ya no está en mi vida?”, se pregunta con firmeza. Desde 2021, cuando firmó su divorcio, inició una batalla que hasta ahora no encontró eco en los tribunales. En cada trámite cotidiano —un contrato, un crédito, una inscripción escolar— la palabra “divorciada” vuelve a interponerse, recordándole una etapa que considera cerrada.
La incomodidad no es solo administrativa. También siente que hay un peso social difícil de sobrellevar. “Decir que estaba divorciada en una reunión era como levantar un muro. Las miradas cambiaban de inmediato”, recuerda. En su familia, marcada por matrimonios largos y tradicionales, tampoco fue sencillo: “Me encontré sola en ese momento y de ahí nació la idea de dar pelea”.
Marcela, que primero ejerció como abogada y hoy trabaja como terapeuta holística, encontró en su amiga y colega Tamara Altamirano la compañera legal para esta cruzada. En 2023 presentaron un pedido en Rosario, pero un juez civil lo rechazó sin permitir pruebas ni peritajes. La Cámara de Apelaciones confirmó la negativa meses después: los magistrados argumentaron que, una vez contraído matrimonio, no es posible volver al estado de soltería.
La joven insiste en que se trata de un derecho personalísimo. “El estado civil forma parte de la identidad, como el nombre o el género. No puede quedar fijado en fórmulas rígidas”, sostiene Altamirano. Y agrega: “Es un menoscabo a la dignidad, porque la palabra ‘divorciado’ carga con la idea de que falta algo, de que uno está incompleto”.
Ante los rechazos, Marcela y su abogada decidieron trasladar la discusión al plano académico y legislativo. Aspiran a que algún legislador impulse un proyecto para permitir que quienes lo deseen puedan volver a figurar como solteros. Citan antecedentes en países como Italia y Estados Unidos, donde esa opción ya existe.
“Esta lucha no es un capricho ni una competencia de derechos. Se trata de reconocer la dignidad de las personas. El divorcio debería significar cerrar un ciclo, no cargar de por vida con una marca”, resume Marcela. Mientras tanto, sigue relatando su experiencia con la esperanza de que su caso abra el camino para otros.