La Mutual del Personal del Poder Judicial está en jaque por un juicio laboral que inició un exempleado con décadas de antigüedad. La institución tiene los números en rojo y no puede afrontar la sentencia del IV Juzgado Laboral a cargo de Federico Soria. Incluso debió subastar la oficina ubicada en calle Jujuy entre avenida Libertador y calle Laprida. Sin embargo, el dinero recaudado -unos 31.000.0000 de pesos- no alcanza para cubrir la indemnización. Además, hubo cruces entre la administración actual, a cargo de Diego Pringles, y la pasada, que estaba encabezada por Claudio Vega.
Fuentes confiables aseguraron a Tiempo que el proceso judicial empezó con la demanda de Washington Gómez contra las autoridades de la Mutual por irregularidades en la registración laboral. El empleado denunció décadas de prestación de servicio a la institución sin estar declarado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). "La madre, una expresidenta de la Mutual, lo dejó en negro y eso nunca fue resuelto. Hace cuatro años se dio por despedido e inició el juicio", comentaron en estricto off the record.
De acuerdo a la información, Gómez arrancó el juicio durante la gestión de Vega, quien luego perdió las elecciones y cedió el mando a Pringles. La fluctuación en la dirección de la Mutual, aparentemente, generó un desentendimiento generalizado del juicio, calificado como "altamente peligroso" por la antigüedad del demandante. El juez dictó una sentencia y el ahora exrepresentante legal de la mutual no apeló. "En agosto ya estaba embargado el inmueble", dijeron.
Por eso, la actual conducción buscó a un viejo conocido de la casa: el abogado Mario Arancibia, quien inicialmente tuvo el caso, durante la gestión anterior. Arancibia aceptó y presentó un escrito el lunes 15 de septiembre para frenar la subasta del martes 16. No hubo caso. El juez desestimó el pedido.
La subasta de la oficina sucedió ese martes por un monto que ronda los 31.000.000 de pesos. No obstante, el dinero es insuficiente porque la indemnización del exempleado está calculada en unos 40.000.000 de pesos. Ergo, la situación de la Mutual es crítica. Ni siquiera haberse desprendido de la oficina céntrica cubrió la deuda que debe afrontar. De acuerdo a las fuentes, Arancibia recibió instrucciones de la administración para que intente impugnar la subasta, al menos para que la Mutual pueda negociar el precio del inmueble de manera privada y obtener más dinero para afrontar la indemnización de Gómez.
Como si fuera poco, la Mutual no tiene la cantidad de afiliados necesarios para la continuidad normal de sus actividades. Según estimaciones internas, tiene un poco más de 200 afiliados, cuando debería tener, de mínima, 500. ¿Puede sostenerse durante verano? "En temporada ingresan recursos extraordinarios, pero también hay gastos extraordinarios", graficaron. Además, en el medio de todo está la política. La gestión de Pringles apuntó contra Vega, y viceversa, por la responsabilidad del estado de la institución.
