Después de un año de seguimientos, escuchas y allanamientos, la Justicia Federal dio un paso clave contra una organización que, según la investigación, introducía droga en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la comercializaba puertas adentro. A pedido del fiscal Fernando Alcaraz, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó a 11 personas por comercio de estupefacientes con doble agravante: por tratarse de una asociación organizada y por la venta dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
La resolución judicial impuso 90 días de investigación y prisión preventiva a 10 de los acusados, mientras que una de las imputadas quedó en libertad por un embarazo de alto riesgo. En ese período, la fiscalía intentará ampliar pruebas sobre una red que, según los registros de cuentas bancarias y billeteras virtuales, manejaba alrededor de 590 millones de pesos en solo doce meses.
Las escuchas telefónicas fueron clave para descubrir a la principal puerta de entrada de la droga. Los investigadores detectaron a Danisa Yasmín Aveiro como nexo externo: según la pesquisa, ella introducía estupefacientes para su pareja Cristian Jesús Latorre, recluso en Chimbas. Durante los allanamientos, en la celda 101 de Latorre se hallaron 47 gramos de cocaína.
El circuito de dinero y distribución también alcanzaba a otros internos. Entre ellos, Leonardo Jesús Arias, ya condenado por narcotráfico, y Sebastián Humberto Tobal, señalado como supuesto “jefe de pabellón”. A Tobal –que cumple 20 años de prisión por el homicidio de Ángel “Huevito” Amado en 2015– le secuestraron una importante cantidad de pastillas en la celda 104.
La red incluía a familiares y visitas que ingresaban droga y dinero:
- María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, en cuya vivienda encontraron 425 gramos de marihuana, una pistola 9 mm, pastillas y nueve celulares.
- Carlos Alberto Ormeño, pariente de Fernanda, preso por robo, acusado de vender la droga que supuestamente le entregaba su pareja Rocío Rojas durante las visitas. A Rojas le secuestraron 47 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una campera similar a las que usa el personal penitenciario.
- Gustavo Martín Chávez Ganga, condenado por tráfico de drogas, también sospechado de comercializar dentro del penal.
- El mediagüino Franco Mario Escoda (4 años y 3 meses de condena) y su madre Sonia Graciela Ontiveros, señalados como partícipes en la logística de la banda.
- Ricardo David Morales, a quien le incautaron cocaína y marihuana.
- Rocío Rojas fue la única que recuperó la libertad, tras el pedido de su abogado Claudio Vera, debido a su estado de salud.
La pesquisa continúa. Leonardo Saavedra, señalado como presunto proveedor, permanece prófugo junto a dos mujeres de apellidos Silva y Luna y un hombre de apellido Garrido. Los investigadores tampoco descartan que personal del Servicio Penitenciario haya colaborado con la maniobra, dado que en los allanamientos apareció una campera similar a las oficiales.
