La conocida firma Data 2000 denunció a dos empleados por una estafa millonaria y los llevó a la Justicia. Los representantes legales de la tarjeta de crédito regional acusan a los exempleados de haber montado maniobras fraudulentas y de quedarse con parte del dinero que los comerciantes pagaban a la empresa por las compras realizadas
Según la denuncia presentada ante el fiscal Guillermo Heredia, en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafa, los señalados son Roxana Isabel Flores, exresponsable del área de convenios con comercios, y Enrique Gutiérrez, quien se desempeñaba en el área técnica de la compañía, cuya sede está en el centro sanjuanino. Ambos habrían intervenido en operaciones que generaron un faltante millonario en las cuentas de la empresa, según la denuncia presentada por el abogado Rubén Pontoriero.
El directorio de Data 2000 inició en 2024 una investigación interna a raíz de reclamos de comerciantes por pagos atrasados. El informe realizado por el abogado Gustavo Sillero detectó discordancias entre los montos que figuraban en la documentación oficial y lo que efectivamente recibieron los comercios.
Según la denuncia, la auditoría reveló que Flores era quien gestionaba los pagos y negociaba intereses con los clientes, mientras que Gutiérrez habría depositado varios cheques en su cuenta personal. Entre las operaciones bajo sospecha figuran convenios con empresas como OCBA SAS, Rawson SRL, Sant Vicent SAS y comercios minoristas. Las diferencias detectadas asciende a $ 6.462.568.
Los investigadores detectaron que varios cheques emitidos a nombre de comerciantes fueron endosados y depositados en la cuenta personal de Gutiérrez en un banco local. También se advirtió que numerosos convenios y órdenes de pago no fueron devueltos al área administrativa, lo que impidió un control adecuado y abrió la sospecha de adulteraciones.
Con el patrocinio del abogado Rubén Pontoriero, Data 2000 solicitó al fiscal que se adopten medidas de prueba, se cite a declarar a empleados y comerciantes involucrados y se levante el secreto bancario de las cuentas utilizadas en las maniobras. La firma pidió además medidas precautorias para evitar que se sigan produciendo perjuicios y que se determine la responsabilidad penal de los exempleados denunciados.