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SUSCRIBITEUn juez federal declaró inválida la resolución que regulaba las protestas callejeras. Además, habilitó a los afectados a denunciar en forma individual a las fuerzas de seguridad.
La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que había sido puesto en marcha por el Gobierno nacional durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su fallo, el magistrado consideró que la Resolución 943/23 carece de validez legal y no cumple con los requisitos básicos para ser considerada un acto administrativo legítimo. Según expresó, la normativa no reúne los elementos exigidos por la legislación vigente y, por ese motivo, corresponde dejarla sin efecto.
Además de anular el protocolo, Cormick dejó abierta la posibilidad de que las personas que se hayan visto afectadas por su aplicación puedan recurrir a la Justicia penal. En ese sentido, aclaró que quienes consideren que sus derechos fueron vulnerados durante operativos de seguridad realizados bajo ese esquema podrán realizar denuncias individuales contra los agentes que hayan intervenido, de acuerdo a las competencias que establece la ley.
Tras conocerse la resolución judicial, desde el CELS celebraron el fallo y remarcaron su alcance institucional. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el organismo sostuvo que la sentencia fija límites claros a las atribuciones del Ministerio de Seguridad y reafirma que no puede restringir derechos constitucionales mediante una simple resolución administrativa.
Según explicaron desde la organización, el juez entendió que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar directivas a las fuerzas, el protocolo avanzaba sobre facultades que exceden al Poder Ejecutivo, al punto de modificar aspectos de la legislación penal, procesal y orgánica de la policía.
“El Ministerio de Seguridad terminó legislando por resolución para reducir al mínimo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial”, afirmaron desde el CELS.
El protocolo antipiquetes había sido aplicado por última vez a mediados de diciembre, durante la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
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