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SUSCRIBITELa sanción fue dispuesta por el Poder Ejecutivo tras un sumario administrativo que confirmó una condena penal por desobediencia a una orden judicial en un contexto de violencia de género, al considerar la conducta incompatible con los principios de la fuerza policial.
El Gobierno de San Juan dispuso la exoneración de un efectivo retirado de la Policía provincial, luego de que un sumario administrativo determinara una inconducta grave incompatible con los principios que rigen a la fuerza de seguridad.
La medida fue adoptada a pedido del Jefe de Policía de la Provincia, tras analizar las conclusiones sumariales que surgieron de una causa judicial iniciada en 2022 y tramitada en la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, especializada en hechos de violencia intrafamiliar y de género.
Según consta en las actuaciones, el exsargento fue detenido el 6 de noviembre de 2022 en el marco de una investigación penal por los delitos de desobediencia a una orden judicial y hurto. Dos días después, se llevó adelante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, en la que se resolvió un juicio abreviado.
Como resultado de ese proceso, la Justicia lo condenó a un mes de prisión de cumplimiento efectivo por desobediencia a una orden judicial, disponiendo además la unificación de condenas en una pena total de dos años y un mes de prisión efectiva.
En paralelo, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ordenó la instrucción de un sumario administrativo, aun cuando el efectivo se encontraba en situación de retiro obligatorio desde 2017, con el objetivo de determinar su responsabilidad administrativa.
Las conclusiones de la instrucción fueron contundentes y recomendaron aplicar la sanción expulsiva de exoneración, al considerar que se trató de una conducta dolosa grave que vulneró los valores, principios y obligaciones que exige la institución policial, incluso para el personal retirado.
En el dictamen final se remarcó que el accionar del exefectivo no solo configuró una falta disciplinaria grave, sino que además provocó un perjuicio al prestigio institucional de la Policía de San Juan, encuadrando la sanción en lo previsto por la normativa vigente.
En el proceso administrativo intervinieron distintas áreas legales del Estado, entre ellas la Asesoría Letrada de la Policía, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad del Gobierno, que avalaron la medida adoptada.